Juez ordena a Duque suspender cambio a la Ley de Garantías
El Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá busca garantizar los derechos al debido proceso, igualdad e imparcialidad en el proceso electoral.
El Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá ordenó al presidente de la República, Iván Duque, y a los representantes legales de las entidades del orden nacional y territorial, abstenerse de dar aplicación a la modificación de la Ley de Garantías, que previamente fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes. Este fallo se dio luego de que un ciudadano enviara una tutela en la que argumentaba que el Congreso afectó los principios de imparcialidad e igualdad electoral.
De acuerdo con el juez, la medida busca garantizar los derechos al debido proceso, igualdad e imparcialidad en el proceso electoral. "La presente restricción solo estará vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que adelantará el señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez o, que, en el ejercicio de ese derecho, radique cualquier ciudadano", se puede leer en el fallo.
Asimismo, el Juzgado confirmó que la restricción para la celebración de los convenios interadministrativos, la ejecución de recursos públicos, la no participación, promoción y destinación de recursos públicos de las entidades a su cargo, estará vigente por el término improrrogable de 30 días hábiles siguientes a la publicación de la ley, dentro de los cuales no se computará el periodo que comprende la vacancia judicial.
"Superado el término de los 30 días hábiles, que se computaran en la forma anunciada, si no se acude a la acción pública de inconstitucionalidad por el accionante o por otros ciudadanos, o si la Corte", agrega el fallo. Entre tanto, el juez también ordenó que esta decisión se publique en las páginas web de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda y de todas las entidades del sector central y descentralizados del orden nacional.
¿Qué riesgos tiene la modificación a Ley de Garantías?
El Congreso de la República aprobó en octubre de este año una modificación al artículo 125, el cual permitiría de ahora en adelante celebrar contratos meses antes de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo el 29 de mayo de 2022, bajo el supuesto de reactivar la economía en el país. No obstante, algunos congresistas han asegurado que este cambio permite que exista corrupción en los procesos electores con el fin de impulsar a diferentes políticos.
"Aprobar que se elimine la ley de garantías es aprobar la compra de votos en nuestro país, es utilizar el aparato del estado para comprar los votos que antes compraba el narcotráfico, así como lo hizo el 'Ñeñe Hernández' en las elecciones pasadas. El desespero es porque saben que el pueblo ha despertado y ahí está el miedo que tiene las mafias criminales de salir del poder. Es el miedo a un pueblo que abre los ojos", comentó el representante a la Cámara Fabián Díaz.
Es importante mencionar que esta ley ha promovido en los últimos años el ejercicio equitativo y transparente de la democracia y se diseñó con el propósito de asegurar que la contienda electoral se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los ciudadanos. Además, ha establecido unas restricciones al ejercicio de la función gubernamental como garantía del equilibrio y la transparencia del actuar administrativo en medio del debate electoral.
Finalmente, congresistas de oposición han aseverado que este cambio ha puesto en riesgo la democracia del país e iría en contravía de la transparencia. "Esta modificación significa que van a poder con los entes territoriales y el Gobierno Nacional hacer convenios y utilizar los recursos públicos para hacer politiquería, para beneficiar a algunos congresistas y al mismo gobierno", dijo el Representante a la Cámara León Fredy Muñoz.