¿En qué consiste la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de Colombia?

Este 26 de enero entró en vigencia la Ley de Seguridad Ciudadana que fue discutida en el Congreso en el año 2021 e impulsada por los ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa, y sancionada por el presidente Iván Duque. Algunas de las novedades que implica el proyecto son reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y al Código de Extinción de Dominio.

Además, según el mandatario esta nueva ley garantiza ‘’la lucha contra el vandalismo’’, puesto que se incluyeron medidas más severas para quienes sean acusados de ejecutar esa práctica.

"La Ley de Seguridad Ciudadana es el triunfo de la legalidad y responde a una promesa de campaña. Es con hechos como logramos la mayor reforma de la Policía que reconoce la excelencia, el apego a los derechos humanos, y que sanciona las conductas contrarias a la Constitución", explicó Duque frente a lo que se pretende lograr con la ley.

Puntos clave

Aunque uno de los puntos cuestionados es el de castigos y medidas más severas para el vandalismo, también se habla de condenas más largas para quienes asesinen a miembros de la Fuerza Pública en primera instancia. Para ejemplificar con más claridad la Ley de Seguridad Ciudadana, el presidente destacó 10 puntos clave, que son los siguientes:

1. Aumentan sanciones: la pena será más grave para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos.

2. Quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana: de 58,3 años de prisión.

3. Será un delito el porte de arma blanca en evento masivo.

4. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.

5. Se establece la Legítima Defensa Privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo.

6. Se considerará peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.

7. Los miembros de la Fuerza Pública podrán usar el sistema de transporte masivo cuando se encuentren en servicio activo.

8. Se reduce el monto de las multas por infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

9. Quien hurte un bien de más de cuatro millones de pesos tendrá una condena no excarcelable.

10. Se podrán realizar Alianzas Público Privadas (APP) para la construcción y dotación de las cárceles del país.

Frente a la ley el ministro del Interior explicó que “esta iniciativa piensa en el ciudadano de a pie, el ciudadano que sale a coger Transmilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse a su casa o trabajo, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano que todos los días es víctima de un delito, brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”.

¿Qué dicen quienes se oponen?

A finales del 2021, Caracol Radio recogió una serie de críticas de abogados que explicaban los problemas de esta nueva ley. De acuerdo con el abogado Iván Alfaro, esta ley ignora los derechos de los ciudadanos puesto que al permitirle a una persona ‘’realizar las acciones que considere necesarias para su defensa personal podrá afectar los derechos de otra persona sin acudir a las instituciones del estado’’.

De hecho, un grupo de ciudadanos se pronunció cuando la ley estaba en discusión porque el proyecto atenta contra la protesta pacífica. A través de Amnistía Internacional, denunciaron que “el Congreso ha dado luz verde a una reforma legislativa que pone en riesgo la libertad de información y la protesta pacífica. (...) Amnistía Internacional seguirá exigiendo a las autoridades que respeten y garanticen los derechos a la libertad de expresión, información y reunión pacífica, y vigilará la aplicación y el impacto de la ley en los derechos humanos”.