Demanda contra la Ley de Seguridad Ciudadana: en qué consiste y qué implica
La demanda asegura que la ley va en contravía de los derechos de la ciudadanía y representa un nuevo riesgo para la seguridad de la gente.
En enero de este año el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, la cual fue presentada luego de las protestas de 2021 y abre las puertas al uso de armas en defensa propia. La legislación fue impulsada por los ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa, y según el Gobierno garantiza la "lucha contra el vandalismo", por lo que fue catalogada por el jefe de Estado como un triunfo de la legalidad.
Asimismo, el Gobierno aseveró que esta ley fue diseñada para combatir a los delincuentes, proteger a los ciudadanos y brindar más herramientas a los jueces para sancionar a las personas violentas. "Es una ley garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero, a la vez, implacable contra la delincuencia", dijo en su momento el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz.
Por su parte, la oposición asegura que la iniciativa criminaliza el derecho a la protesta y permite que los ciudadanos utilicen armas sin que haya una responsabilidad penal. No obstante, la ley también indica que a partir de la fecha es delito portar un arma blanca en eventos masivos. Cabe mencionar que la legislación contiene reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y al Código de Extinción de Dominio.
Entre otras cosas, esta iniciativa contempla que quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley; también indica que la pena será más grave para quienes en los últimos 5 años hayan sido condenados por delitos dolosos; además, se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
La demanda contra la Ley de Seguridad Ciudadana
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Defender la Libertad un Asunto de Todas, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano, el PUPSOC, la ATCC, las organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías-Cauca, los congresistas Iván Cepeda Castro, Wilson Arias, Pablo Torres Victoria, y el abogado Alirio Uribe presentaron ante la Corte Constitucional una demanda contra 13 artículos de la Ley.
De acuerdo con los demandantes, la iniciativa va en contravía de los derechos de la ciudadanía y representa un nuevo riesgo para la seguridad de la gente. "El de un Estado autoritario y que legalmente puede actuar en contra de derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la protesta social, la libertad de expresión o el debido proceso", asegura un comunicado expedido por las organizaciones y los líderes políticos.
Asimismo, aseguraron que los artículos 3, 5, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 40 y 48 vulneran múltiples principios constitucionales y desconocen las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales. En ese sentido, aseguraron que dicha ley no cumple con el rol limitante de las actuaciones del Estado. "Se convierte en un medio permisivo, a través de la configuración de delitos como la obstrucción a la función pública y el avasallamiento de bienes inmuebles", agrega la misiva.
Finalmente, el senador Cepeda afirmó que la demanda busca demostrar que la norma va a en contra de derechos fundamentales. La iniciativa puede "terminar siendo un instrumento que se utilice para violar derechos, es el caso, la posibilidad que otorga de que ciudadanos y particulares hagan uso de la fuerza quitando la posibilidad del monopolio de la fuerza del Estado, pero también la restricción a la movilización social y protesta ciudadana", dijo el congresista.