Caso MinTIC: de qué se le acusa a Emilio Tapia y qué pruebas tiene la Fiscalía
El ente acusador anunció que tiene chats y audios que demuestran la participación de Tapia en el contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados.
Continúa la investigación en torno a la polémica adjudicación de un contrato que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) otorgó a la firma Unión Temporal (UT) Centros Poblados por un valor de $1.07 billones. A través de dicho documento, esta sociedad se encargaría de instalar centros digitales para la conexión a internet en las zonas rurales más apartadas del país.
En medio de la controversia se conoció que Centros Poblados presentó una garantía falsa que supuestamente había otorgado el Banco Itaú, no obstante, la misma entidad bancaria confirmó que no había expedido ningún documento de esa índole. A pesar de la advertencia, el 10 de febrero de 2021 se le entregó a la compañía un primer anticipo de poco más de $70.000 millones de pesos, que equivalían al 6,5% del contrato.
En la mañana del pasado lunes, 20 de septiembre de 2021, el CTI de la Fiscalía empezó a ejecutar varias órdenes de captura dentro del escándalo mencionado anteriormente. En ese sentido, la fiscal del caso, Andrea Muñoz, solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del empresario condenado por corrupción en el carrusel de la contratación en Bogotá, Emilio Tapia; Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados; y Juan José Laverde, representante de Rave Seguros.
De acuerdo con el ente acusador, Tapia no tenía el suficiente capital para quedarse con el contrato, por lo que se encargó de que fueran alteradas las garantías del Banco Itaú. La Fiscalía también aseveró que Jorge Enrique López Benavides, quien permanece en libertad, fue la persona encargada de falsificar las pólizas usadas en el cuestionado contrato. De esta manera, los capturados estarían involucrados en el caso.
"Dentro del marco de esa licitación, se pudo establecer que los señores Emilio José Tapia Aladana, Juan José Laverde y Jorge Enrique López Benavidez, falsificaron el documento privado denominado garantía bancaria de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito por Luis Fernando Duque y los supuestos funcionarios del Banco Itaú", comentó la Fiscalía. Es importante mencionar que, este miércoles la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cinco personas salpicadas en el escándalo de Centros Poblados.
Por su parte, la fiscal encargada argumentó que la medida de aseguramiento contra Emilio Tapia es completamente necesaria. "Al estar estas personas privadas de la libertad el Estado garantiza la protección de los derechos ciudadanos y se considera igualmente necesaria porque así lo establece en el ordenamiento jurídico, pues sería la medida procedente de acuerdo con los delitos que fueron imputados", comentó.
Las pruebas de la Fiscalía
Durante las últimas semanas, la Fiscalía General de la Nación habría recopilado una serie de pruebas que demostrarían la participación de Emilio Tapia en el polémico caso. En esa línea, el ente acusador tendría documentos, chats de WhatsApp, audios y testimonios que soportarían la afirmación. Tras este anunció la fiscal afirmó: "Usted, señor Tapia Aldana, era quien dirigía y tomaba decisiones en esa unión temporal".
Entre los testigos claves de la Fiscalía están Juan Carlos Cáceres, representante de Novotic, una de las empresas de la unión temporal, y Jorge Alfonso Molina, quienes contaron cómo se creó el entramado de corrupción. "Quiero dejar constancia que dentro del cuadro también le realicé unos giros que me los solicitó el señor Emilio Tapia, y que como él era socio o representaba las tres constructoras yo le realicé unos giros a unas compañías que él me solicitó", comentó uno de los testigos.
Asimismo, se ha podido comprobar a través de un estudio grafológico que las firmas de los funcionarios del banco Itaú en las garantías bancarías son falsas. "Una vez se estableció que ninguna empresa de seguros expediría póliza de seriedad a la unión temporal Centros Poblados contactó al señor Jorge Alfredo Molina García, a fin de que aquel obtuviera la garantía de seriedad falsa a través del señor Jorge Enrique López", dijo la fiscal.
Finalmente, hay que mencionar que por cuenta de este contrato Karen Abudinen tuvo que renunciar a su puesto como ministra de las TIC. "Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce, pero con la tranquilidad del deber cumplido", dijo la funcionaria por medio de una alocución dada el pasado 9 de septiembre. La audiencia contra los detenidos se reanudará el próximo viernes.