Prisión incondicional sin fianza para Villar, su hijo y Padrón
Considera a los tres como los principales responsables de la red de saqueo de la Federación. Les acusan de un perjuicio de al menos 45 millones a las arcas de la FEF.
El juez Santiago Pedraz, que durante todo este jueves ha interrogado en la sede de la Audiencia Nacional a Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol; su hijo Gorka; Juan Padrón, vicepresidente de la RFEF y Ramón Hernández, secretario de la Tinerfeña, los cuatro detenidos en el marco de la Operación Soule, ha dictado prisión incondicional sin fianza para Villar y su hijo Gorka y para Juan Padrón. Considera a los tres como los principales responsables de la red de saqueo de la Federación Española de Fútbol, en cuyo vértice se situaba Villar, que pudo sustraer entre 45 y 50 millones de euros.
El magistrado ha tomado declaración a los cuatro detenidos desde las 10.00 y, tras la celebración de la correspondiente vistilla para la adopción de medidas cautelares, el juez de la Audiencia Nacional ha decidido decretar prisión sin fianza para tres de los cuatro detenidos.
Padre e hijo y los otros dos arrestados en esta operación -Padrón y el secretario de la federación de Tenerife, Ramón Hernández Baussou- han sido trasladados esta mañana por la Guardia Civil a la sede de la Audiencia Nacional tras ser detenidos este martes.
Los cuatro arrestados, que han permanecido en dependencias de la Guardia Civil, se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante los agentes de la UCO que han dirigido esta operación en la que se les acusa de lucrarse en beneficio propio de al menos 45 millones de euros de las arcas del ente federativo.
Ángel María Villar ha llegado a la Audiencia Nacional sobre las ocho de la mañana a bordo de un coche, mientras que el resto lo ha hecho una hora y media después en furgón policial.
Tras esquivar en los últimos años varios escándalos de corrupción, como el caso FIFA, Ángel María Villar, de 67 años, fue arrestado en una investigación que se inició a raíz de una denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) presentada en 2016.
Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partieron de una auditoría del CSD que reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por la empresa de Samper por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección.
Los investigadores apuntan a que Villar, que lleva 28 años en el cargo, cobraba comisiones por la celebración de partidos de la selección y se servía de su puesto para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo Gorka, abogado experto en derecho deportivo y al frente de varias empresas donde eran desviadas cantidades de dinero.