¿Por qué la Corte Constitucional suspende el fallo que prohibió la deducción de regalías?

Este jueves 25 de abril, la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión de estudiar una solicitud de declaración de impacto fiscal presentada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el fin de aplazar la sentencia de ese tribunal que tumbó el artículo de la Reforma Tributara que prohibía la deducción de regalías en el impuesto de renta pagado por las empresas que se dedican a la explotación minera.

De acuerdo con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, los efectos de esta sentencia estarán suspendidos mientras se hace el respectivo estudio de los argumentos de la solicitud de declaración de impacto fiscal, razón por la cual el artículo volverá a tener vigencia.

“Estarán suspendidos los efectos de la sentencia con la cual recobra su vigencia esa norma, hasta tanto resolvamos el incidente, cosa que haremos a más tardar dentro de los días siguientes contados a partir de la audiencia”, señaló el magistrado Ibáñez.

¿Cuál es la petición que hace el Gobierno Nacional?

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, explicó que la petición del Gobierno Nacional tiene como finalidad sustentar posibles medidas que pueden ser declaradas por la Corte para que los efectos de la sentencia sean aplazados hasta el 2025, con el propósito de evitar un daño por falta de recursos.

“Tiene como propósito, eventualmente, diferir en el tiempo los efectos de una decisión adoptada por la corporación. Ese es un análisis de fondo que es el que requiere una sustentación y una justificación allá en su momento, y por eso no me puedo adelantar”, mencionó Ibáñez.

Por su parte, el Ato Tribunal resaltó que con esta decisión, el Gobierno Nacional tendrá la posibilidad de implementar los efectos, situación que generaría los recaudos de los dineros de las regalías de este año, mientras la Corte estudia y decide los efectos definitivos de la sentencia que fue emitida a finales del 2023.

Tras los argumentos de la Corte Constitucional, se espera que se lleve a cabo una nueva audiencia el próximo 17 de mayo en la que el Gobierno Nacional tendrá que explicar las razones para diferir los efectos, por lo que a partir de ese momento tendrá un plazo de 10 días para que el Alto Tribunal tome una decisión final.

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