La Corte lo confirma: los bancos deberán eliminar reportes en DataCrédito en estos casos
El alto tribunal presentó nuevos lineamientos que deberán seguir las organizaciones bancarias frente a este asunto.
Las víctimas de suplantación de identidad en Colombia tendrán nuevas herramientas para proteger su historial crediticio. La Ley Estatutaria 2573 de 2026 establece que bancos, entidades financieras, cooperativas y establecimientos comerciales deberán suspender los cobros y retirar los reportes negativos generados contra personas que hayan sido víctimas de fraude mediante el uso indebido de sus datos personales.
La medida fue posible luego de que la Corte Constitucional avalara la iniciativa y declarara constitucional el proyecto de ley que buscaba establecer mecanismos de protección para quienes terminan con obligaciones financieras que no adquirieron voluntariamente. La norma fue posteriormente sancionada como Ley 2573 de 2026 y comenzará a aplicarse en noviembre de este año.
El cambio resulta relevante para los ciudadanos que descubren que alguien utilizó su identidad para solicitar un crédito, adquirir un producto financiero o contratar un servicio y, posteriormente, dejó de pagar la obligación. En estos casos, la deuda puede terminar asociada al nombre de la víctima y generar consecuencias sobre su historial en centrales de información crediticia.
¿Qué pasará con los reportes negativos en DataCrédito?
Uno de los principales efectos de la nueva legislación está relacionado con los reportes negativos en centrales de riesgo. Cuando una persona demuestre que fue víctima de suplantación de identidad, las entidades involucradas deberán suspender el cobro de las obligaciones que se hayan originado como consecuencia del fraude.
La norma también contempla la eliminación de los reportes negativos que hayan sido generados por esas obligaciones en centrales de información como DataCrédito, mientras las autoridades competentes determinan lo ocurrido y se establece si, efectivamente, existió una suplantación.
Esto significa que la medida no constituye una eliminación general de los reportes negativos ni una amnistía para quienes simplemente tienen deudas pendientes. El beneficio está dirigido específicamente a personas que puedan acreditar que una obligación fue adquirida fraudulentamente utilizando su identidad.
La decisión busca evitar que las víctimas de un delito tengan que asumir las consecuencias financieras de una obligación que nunca solicitaron. En la práctica, un reporte negativo puede afectar la posibilidad de acceder a nuevos productos financieros, debido a que las centrales de información son consultadas por entidades que evalúan el comportamiento crediticio de los usuarios.
El alto tribunal señaló que la propuesta establecía mecanismos destinados a proteger a las personas frente al reporte negativo ante operadores de información y frente al cobro de obligaciones cuando estas se originaran en casos de suplantación de identidad. Posteriormente, la norma fue sancionada como Ley Estatutaria 2573 de 2026.
La entrada en vigor de esta legislación representa un cambio frente a una problemática que puede tener efectos económicos importantes para quienes son víctimas de fraude. Antes de esta protección, una persona cuya identidad hubiera sido utilizada para adquirir un crédito podía encontrarse con una obligación que desconocía y, además, enfrentar un reporte negativo asociado a una deuda que no había contraído.
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Con la nueva ley, el objetivo es que el ciudadano pueda contar con una protección mientras se esclarece el origen de la obligación y se determina la responsabilidad correspondiente.
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