Paro Minero en Colombia: qué está pasando y qué medidas está tomando el gobierno
El supuesto ataque a un tubo del acueducto en el municipio de Tarazá fue una confusión pública ocasionada por el pánico colectivo que actualmente vive la comunidad del Bajo Cauca.
Hoy se cumplen 12 días del inicio de las movilizaciones que ha dejado el paro minero en el Bajo Cauca. Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha señalado la presencia de miembros de la organización criminal y paramilitar Clan del Golfo, pues en medio de las protestas se han producido actos vandálicos que afectan la seguridad, la movilidad y el bienestar de los habitantes de los departamentos de Antioquia y Chocó.
Hasta el momento, el paro minero ha provocado en la región el cierre de establecimientos comerciales, la suspensión de las actividades escolares, el ingreso violento a la Alcaldía de Caucasia, la quema de camiones y ambulancias, el bloqueo de vías y la incineración de infraestructura pesada.
¿Hay violación de los derechos humanos en el paro minero?
De acuerdo con la Sentencia T-740/11, además de constituirse como un servicio público, “el agua se considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico”. El agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano”.
Por lo tanto, atentar contra el acueducto que provee del fluído a la comunidad es una violación a los derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo con el alcalde de Tarazá, Mario Eliecer Sierra, el atentado contra uno de los tubos que suministra agua potable al municipio fue una confusión provocada por el pánico colectivo que vivía la comunidad, pues el ataque nunca ocurrió. “A mí, incluso, me llegó esa información, pero a medida de que va transcurriendo el día me van comentando que no hubo afectaciones. Por redes sociales se decía que iban a atentar contra el acueducto, entonces la gente empezó a almacenar agua y los tanques se quedaron sin suministro, lo que afectó a todo el municipio por unas horas”, afirmó Sierra a Blu Radio.
Por otra parte, la quema de dos ambulancias en el municipio de Caucasia representa una obstrucción a la prestación del servicio médico que afecta directamente el derecho fundamental a la salud. De hecho, en medio de la incineración de uno de los vehículos que se movilizaba por el puente Carlos Lleras Restrepo, se interrumpió la asistencia clínica de una mujer en estado de embarazo que se transportaba en la ambulancia.
¿Qué medidas ha implementado el Gobierno Nacional?
Para disminuir el riesgo de los actos criminales que se han interpuesto en el paro minero, el pasado sábado 11 de marzo el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, decretó ley seca y toque de queda en seis municipios del Bajo Cauca. El día de hoy, el funcionario gubernamental aclaró que está reunido con 115 alcaldes para analizar las condiciones de seguridad que se presentan en la región.
De igual forma, ante el desabastecimiento de alimentos en la zona, ayer el Gobernador de Antioquia y el Alcalde del municipio de El Bagre, Faber Trespalacio, entregaron tres toneladas de alimentos a la población más vulnerable de la región. Por ahora, Gustavo Petro ha descartado los diálogos con el Clan del Golfo y hoy se reunirá con la cúpula militar y el Ministerio de Defensa para tomar decisiones en contra de las organizaciones criminales y las afectaciones de orden público que afectan al Bajo Cauca.