Informe revela que en gobierno Duque grupos armados se fortalecieron
Un informe de la Fundación PARES reveló que los grupos armados ilegales han tomado más fuerza durante el Gobierno Duque, pese a que una de las banderas del mandatario es la seguridad.
La Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe sobre violencia y seguridad en Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz. De acuerdo con el informe, en el periodo de 2018 a 2020, tiempo en el que el presidente Iván Duque ha ejercido su mandato, los grupos armados ilegales se han expandido y fortalecido.
Tal como indica el documento titulado plomo es lo que hay en 420 municipios del país los grupos armados tienen el control de esos territorios. De hecho el Clan del Golfo es el que más se ha expandido, puesto qué se ha hecho con 241 municipios, seguido del ELN que tiene poder en 183 territorios. Por otra parte, las disidencias de Gentil Duarte hacen presencia en 119 municipios y por último la Segunda Marquetalia se apoderó de 61 municipios desde 2018.
Según destacó PARES, aunque el gobierno tuvo como bandera la seguridad en Colombia esa promesa no se cumplió.
Colombia como el país más violento
La organización Frontline defender en 2020 catalogó a Colombia como el país con más homicidios a nivel global y, según el informe de PARES, el mayor incremento en las cifras de masacres ocurrió entre 2019 y 2020, con un “aumento dramático” de más del 300%. Teniendo como referencia cifras oficiales, la Fundación Paz y Reconciliación destacó que en 2020 hubo 112 crímenes en los que fallecieron líderes sociales en departamentos como Cauca, Antioquía y Nariño.
Por otro lado, el informe destaca que tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, con el que muchos de los guerrilleros que hacían parte de las FARC dejaron las armas, las zonas en donde ese grupo ejercía control quedaron vacías debido a que el Estado no tuvo cómo suplir ese ‘’hueco’' y ante la falta de presencia estatal, otros grupos armados empezaron a combatir por el poder en esas regiones. “Ante la incapacidad del Estado de construir un plan de acción inmediato para copar este vacío de poder, distintos actores armados presentes en el territorio u otros en proceso de configuración iniciaron su expansión para hacerse al botín dejado por la antigua guerrilla”, destaca el informe.
Precisamente en ese posconflicto por el territorio, los homicidios aumentaron en las regiones donde más golpeaba la guerra. “La brecha entre la tasa de homicidios nacional y la tasa de los municipios del posconflicto se incrementó de manera vertiginosa principalmente por el estallido de las disputas que se preparaban desde el año anterior: Eln vs Epl (Norte de Santander); Eln vs Clan del Golfo (Antioquia, Chocó, Nariño, Cúcuta); ELN vs Grupos Armados postfarc o Disidencias (Cauca, Nariño y Arauca) y Clan del Golfo vs Caparros (Antioquia)”.
La pandemia propició el poder de los grupos ilegales
Según destaca el informe, en 2020 que fue uno de los peores años en temas de seguridad, se desató la pandemia con la que se redujeron las posibilidades de actuar de las instituciones ejecutivas y judiciales, sin embargo, las Fuerzas Armadas sí se desplegaron para combatir a los grupos armados y erradicar cultivos ilegales, aunque no fuese suficiente para garantizar la seguridad en las comunidades. “La institucionalidad local obedeciendo disposiciones normativas del nivel nacional debieron replegarse a su mínima expresión, mientras que las Fuerzas Militares aumentaron sus operaciones principalmente en materia de erradicación forzada y combatiendo al ELN y a las disidencias”.
Frente a lo anterior, el documento añade que “en los dos niveles territoriales de análisis la tasa de homicidios disminuyó solo un caso con respecto del año 2019. La tasa nacional de 2020 fue de 22,48 y la de los municipios del posconflicto 38,49, ambas por cada 100.000 habitantes”. Además, “la producción potencial de cocaína para el año 2020 aumentó y, aunque la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC presentó una relativa disminución de 10.000 hectáreas de coca cultivadas con respecto de 2019, la Casa Blanca planteó un aumento de 33.000 hectáreas llegando a la alarmante cifra de 245.000 hectáreas de coca en el país”.
En medio de ese panorama, la organización lanza una serie de cuestionamientos: “¿por qué el Gobierno Nacional no está evaluando eficacia de operaciones de la Fuerza Pública sino cantidad?, ¿por qué no ha tomado medidas estructurales frente a las graves denuncias de participación de miembros de las Fuerzas Militares en actividades criminales con el Clan del Golfo?, ¿Tiene relación la obstrucción de las audiencias de Otoniel con la Comisión de la Verdad y la fuga de alias Matamba en este entramado criminal?, ¿Existe algún interés político en el negocio del narcotráfico, en el ocultamiento de las posibles relaciones entre Fuerza Pública y Clan del Golfo y en deterioro de la seguridad del país?”.
Análisis del trabajo de la Fuerza Pública
En varias ocasiones a lo largo del documento, PARES menciona que aunque el trabajo de las Fuerzas Armadas para hacerle frente a los grupos ilegales ha sido combatir, esa estrategia sólo ha generado víctimas civiles. Asimismo, destaca que el Gobierno Nacional “dicen ser los principales abanderados de la defensa de la Fuerza Pública, lo cierto es que los escándalos por violaciones a Derechos Humanos, por connivencia con el Clan del Golfo y el aumento de sus bajas dan cuenta de la poca importancia que le dan a la legitimidad de esta institución y a la vida de sus integrantes de base”.
A pesar de las cifras dadas por la organización, el documento finaliza declarando que “no todo está perdido. El Acuerdo de Paz trajo consigo el desarme de poco más de 13.000 combatientes de las Farc-EP y una hoja de ruta para asumir las deudas del Estado y la sociedad colombiana con quienes han sido excluidos y excluidas de la participación política, social, económica y cultural. Al final, como en el mito de Pandora, después de liberados de la caja todos los males del mundo, estando al borde del aniquilamiento, en el fondo se encuentra la esperanza”.