JUDICIAL

Libertad Álvaro Uribe: ¿pueden volver a detenerlo?

La Fiscalía General de la Nación sigue el proceso y si decide imputar cargos podría volver a pedir su detención.

Álvaro Uribe Vélez, exsenador de Colombia
STRINGER REUTES

Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad luego de 67 días en detención domiciliaria, la cual fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia al ser investigado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La juez 30 de control de garantías de Bogotá consideró que puede responder en libertad al proceso.

"La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en este orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata de doctor Álvaro Uribe Vélez", manifestó en una audiencia virtual.

El proceso continuará en la Fiscalía General de la Nación, la cual continuará realizando las investigaciones pertinentes para tomar una decisión sobre el futuro del exmandatario. Los jueces podrán tomar nuevas medidas por lo que Uribe Vélez podría volver a quedar detenido, si así lo consideran. 

Nuevo procedimiento en caso Uribe

La Ley 600 del 2000 se basa en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, pero la Ley 906 de 2004 establece el sistema penal acusatorio, en el que hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que es el que dirige el eventual juicio.

"Para que haya una orden de detención es necesario que exista una solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de garantías. Cuando la Corte Suprema ordenó la detención de Uribe lo hizo basada en una indagatoria a la que acudió el expresidente en octubre pasado, pero a la luz de la ley aplicable al caso eso ya no es posible. No es posible, ni constitucionalmente admisible, equiparar los actos de indagatoria a la formulación de imputación de cargos", manifestó la jueza.

Esto quiere decir que una eventual imputación de cargos no se traduciría necesariamente en una orden de detención. Para que esto sucediera, la Fiscalía tendría que pedirlo al juez bajo los argumentos de que es un peligro para la sociedad o para la víctima, que puede obstruir el proceso o que no quiera comparecer ante la justicia.