Los efectos jurídicos que tendría la licitación de los pasaportes en Colombia
Por ahora, la Casa de Nariño analiza un eventual regreso del canciller Leyva, quien presentó un radicado alegando que se han invalidado los argumentos para su suspensión.
Luego de que la Secretaría General de la Cancillería le entregara la licitación pública para la expedición de pasaportes colombianos al actual contratista, Thomas Greg & Sons, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de Nariño adelantan investigaciones jurídicas para conocer las implicaciones que tendría la entrega del contrato de alrededor de 600 millones de pesos a la compañía británica.
La entrega de la licitación, en efecto, dejó invalidada la urgencia manifiesta decretada por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, quien permanece suspendido por orden de la Procuraduría General de la Nación y quien radicó una solicitud para levantar la sanción que le fue impuesta por declarar desierta la convocatoria de los pasaportes.
¿Qué otros efectos jurídicos tendrá la entrega del contrato por pasaportes?
En primer lugar, a través de su abogado, el ministro Leyva argumentó que el alto tribunal ya no tiene justificación para continuar con el proceso jurídico en su contra. “Sin embargo, al haberse delegado en el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores la facultad de dirección los procesos contractuales del Ministerio y su Fondo Rotatorio, a través de la Resolución No. 1344 de 2024, desaparecieron los motivos que dieron origen a la suspensión provisional”, se lee en radicado presentado por el canciller.
No obstante, además del presunto regreso del ministro a la Cancillería, se prevé la salida del secretario general de la cartera de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, quien fue declarado como insubsistente por el presidente Gustavo Petro inmediatamente después de que el funcionario adjudicara la entrega del contrato de la elaboración y distribución de pasaportes colombianos a Thomas Greg.
De acuerdo con Luis Felipe Henao, abogado y exministro de Vivienda, el despido de Salazar “es una muestra de absolutismo, si no toma decisiones de acuerdo con lo que quiere, se expone a salir del Gobierno, fue mal precedente por improvisación y porque se demostró absolutismo”.