Estos serían los riesgos que provocaría implementar la Ley de Financiamiento de Petro
Fedesarrollo alerta sobre riesgos en la Ley de Financiamiento. A pesar de algunas medidas positivas, la reforma enfrenta desafíos significativos, incluido un déficit proyectado de 26,6 billones de pesos.
La propuesta de la Ley de Financiamiento del Gobierno de Gustavo Petro ha desatado un intenso debate entre economistas, políticos y la opinión pública. El análisis preliminar realizado por Fedesarrollo ha puesto de manifiesto tanto los puntos positivos como los riesgos asociados con esta iniciativa clave para la economía nacional.
Una ley con un panorama mixto
El objetivo principal de esta reforma tributaria es conseguir 11,8 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, que asciende a 523 billones de pesos. Aunque Fedesarrollo reconoce que la ley introduce algunos cambios positivos, también advierte sobre serios riesgos.
Entre los aspectos positivos se encuentran la reducción gradual del impuesto de renta a las empresas y la inclusión del IVA en los juegos de suerte y azar digitales. Además, la reforma contempla un aumento en el impuesto al carbono, aunque este último requiere una evaluación más profunda para entender su impacto real en la inflación y la actividad económica.
A pesar de estos avances, el análisis también destaca preocupaciones considerables. Uno de los riesgos más significativos es el déficit que persiste, calculado en 26,6 billones de pesos. Este faltante podría poner en peligro el equilibrio fiscal proyectado para 2025.
Otro punto crítico es la creación de un espacio adicional para inversiones verdes fuera de la regla fiscal. Esto podría desviar recursos necesarios para otras áreas y complicar aún más la gestión del presupuesto. Además, la introducción de nuevos beneficios y exenciones sectoriales podría socavar los esfuerzos por simplificar el sistema tributario.
Impactos a largo plazo dentro de la implementación de la ley
La reforma también ha sido objeto de escepticismo debido a las posibles repercusiones negativas sobre el crecimiento económico. Analistas advierten que los beneficios en términos de recaudación podrían no ser evidentes hasta 2026, lo que podría afectar negativamente el crecimiento económico en el corto plazo.
El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, critica la falta de claridad en la propuesta y la posibilidad de que genere especulación y presión sobre los ciudadanos. Por otro lado, el exviceministro Juan Alberto Londoño sugiere que el enfoque debería ser un ajuste del presupuesto y una reducción del gasto público, en lugar de buscar nuevas fuentes de ingresos.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresa su preocupación por el impacto de la reforma en el crecimiento económico. Considera que la ley podría tener efectos adversos en un momento en que se necesita estimular el consumo y la producción. Según Mac Master, la reducción del gasto público podría ser una solución más viable en el contexto actual.
El economista Munir Jalil de BTG Pactual también muestra escepticismo, cuestionando la capacidad del Gobierno para recaudar los 12 billones de pesos necesarios sin aumentar los impuestos sobre la renta. La resistencia a cualquier incremento en el IVA, debido al contexto político, podría complicar aún más la implementación de la reforma.
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