PENSIONES

El Estado obliga a asegurar salud y pensión a trabajadores excluidos: cambio histórico en Colombia

Esta es la transformación que tendrá uno de los gremios más desprotegidos laboralmente en el país.

El gremio espera condiciones laborales dignas y denuncian la limitación de su ejercicio en el espacio público.
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Carolina Morales
Colaboradora en As Colombia
Profesional en Periodismo y Opinión Pública egresada de la Universidad del Rosario, apasionada por la redacción y la locución radial.
Actualizado a

Tras la expedición del Decreto 0271 de 2026, se ordenó el reconocimiento y la protección de los derechos de los recicladores de oficio colombianos, una población que durante décadas ha trabajado en condiciones de informalidad y exclusión social.

La medida, liderada por el Ministerio del Trabajo en articulación con otras entidades del Estado, establece un modelo integral de protección social que permitirá a estos trabajadores acceder a servicios de salud, cotización a pensión, cobertura de riesgos laborales y programas de apoyo económico en la vejez, sin que esto implique la pérdida de su condición como trabajadores independientes.

Esta iniciativa está dirigida principalmente a recicladores cuyos ingresos sean inferiores a un salario mínimo mensual y que estén vinculados a organizaciones del sector. La medida busca cerrar brechas históricas de desigualdad, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en la gestión ambiental y el aprovechamiento de residuos en el país.

El Estado obliga a asegurar salud y pensión a trabajadores excluidos: cambio histórico en Colombia
Comunidad de Madrid

Recicladores tendrán acceso a salud, pensión y protección laboral

Uno de los principales avances del decreto es la garantía de afiliación al sistema de salud, especialmente para quienes aún no cuentan con cobertura. De acuerdo con el decreto, estos trabajadores serán priorizados para ingresar al régimen subsidiado, lo que les permitirá recibir atención médica sin asumir altos costos.

En materia pensional, el modelo contempla la vinculación al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), mediante el cual los recicladores podrán aportar entre el 5% y el 30% de sus ingresos, mientras el Estado cubre el porcentaje restante. Para quienes no cumplan los requisitos, se habilita el acceso a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un mecanismo de ahorro flexible que incluye un subsidio estatal adicional.

Además, el decreto posibilita que los recicladores de mayor edad puedan acceder al programa Colombia Mayor, garantizando así un ingreso básico durante la vejez. En cuanto a riesgos laborales, las organizaciones de recicladores deberán asegurar la afiliación de sus miembros a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), lo que permitirá cubrir accidentes o enfermedades derivadas de su actividad diaria.

Uno de los aspectos más relevantes de esta política es que no obliga a los recicladores a convertirse en empleados formales. El esquema fue diseñado para respetar su autonomía y su forma de trabajo, evitando la imposición de contratos laborales tradicionales.

De acuerdo con el Gobierno, la afiliación a los sistemas de seguridad social no generará una relación laboral con las organizaciones a las que pertenezcan, lo que permite mantener su independencia mientras se garantiza su protección. En términos generales, este sistema busca un equilibrio entre las garantías laborales y la informalidad nacional.

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Además, a diferencia de otros modelos, los aportes no recaerán directamente sobre los ingresos de los recicladores. Los recursos provendrán principalmente de la tarifa de aprovechamiento del servicio público de aseo y de las actividades económicas de las organizaciones de recicladores.

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