Robaron más de $2.000 millones y estafaron al menos a 1.500 personas en Bogotá: así han conseguido ganar pleito en la Corte Constitucional

Un robo multimillonario, de más de $2.000 millones y que involucró, además, una estafa que dejó cerca de 1.500 víctimas en Bogotá, sigue dando de qué hablar por una reciente decisión de la Corte Constitucional que ha generado polémica.

Dos mujeres de la misma familia (madre e hija), condenadas por liderar una estructura delictiva que se hizo pasar por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, lograron que el alto tribunal les diera la razón en un pleito contra el Instituto de Medicina Legal, al considerar que se vulneraron sus derechos en el proceso judicial.

Entre 2017 y 2023, este entramado delictivo operó sin interrupciones, según lo documentó la Fiscalía ante la justicia. Todo comenzó cuando las dos mujeres lograron entrar al sistema de la Secretaría de Hacienda y obtener los datos de los deudores, para así hacerse pasar por empleados de la entidad.

El golpe final llegó cuando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) allanó una vivienda en el barrio San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí, las autoridades encontraron no sólo material probatorio, también a las mujeres responsables al frente de la operación ilegal.

Madre e hija fueron enviadas a la cárcel del Buen Pastor mientras avanzaba el caso. Sin embargo, la madre había sido diagnosticada unos años atrás con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), por lo que debía estar conectada a un tanque de oxígeno para poder respirar.

La hija, que estudiaba derecho, pidió que a su madre no la enviaran a centro carcelario debido a su enfermedad y a que las condiciones de dicho lugar no eran aptas para que ella pudiera vivir. Sin embargo, el juzgado no accedió a la solicitud de casa por cárcel, pues no se entregaron los documentos necesarios para comprobar la enfermedad de la mujer.

Un dictamen de Medicina Legal que le dio la razón a las implicadas

En octubre de 2023, según relata El Espectador, Medicina Legal visitó a la mujer de 67 años para emitir un nuevo concepto y el dictamen resultó en un nuevo rechazo a la posibilidad de prisión domicilaria.

“En sus actuales condiciones, siempre y cuando estén garantizadas las condiciones de tratamiento y control médico y mencionadas, no se fundamenta un estado grave de enfermedad; se debe evaluar si es posible garantizar dichos tratamientos en el sitio de reclusión actual o de lo contrario tomar las medidas necesarias para su completa garantía Se sugiere nueva valoración médico legal en seis meses o antes si sus condiciones de salud cambian de forma abrupta”, resaltó el reporte.

No obstante, la hija no se quedó con los brazos cruzados; interpuso una tutela ante la Corte Constitucional, en la que aseguraba que su madre “tiene incontinencia urinaria, ha perdido peso, tiene un deterioro progresivo de su memoria a corto plazo y depende enteramente de otras personas para comer, vestirse, bañarse, ir al baño, desplazarse, entre otras actividades” y a la cual, agregó que el INPEC “ha impedido en varias oportunidades el ingreso del suministro de oxígeno para la señora María, así como su traslado a los centros de salud para acudir a sus citas y exámenes de control”.

La Corte Constitucional le da la razón a madre e hija

El caso fue asumido por el despacho de la magistrada Natalia Ángel Cobo, quien lideró el análisis del expediente. Al revisar los documentos, la Corte Constitucional encontró que la última valoración médica a la mujer se realizó el 24 de julio de 2024, y en ella se recomendó un seguimiento cada cuatro meses. Sin embargo, no se practicaron nuevas evaluaciones, lo que para la Corte representó una omisión grave.

En palabras del alto tribunal, “no cabe duda de que Medicina Legal desconoció el concepto del médico adscrito a esa misma institución”. El fallo advierte que, de haberse contado con un dictamen médico actualizado, la justicia podría haber llegado a una decisión distinta sobre la medida de aseguramiento contra la mujer.

Además, la Corte reiteró que si bien los dictámenes de Medicina Legal son herramientas fundamentales dentro de un proceso penal, no deben considerarse como el único criterio para tomar decisiones que comprometan la salud de una persona privada de la libertad. En noviembre de 2023 un neumólogo ya había advertido un diagnóstico crítico: enfisema pulmonar severo, destrucción parcial del tejido pulmonar e hipertensión pulmonar. El especialista concluyó que la paciente no debía continuar en reclusión y, de todas maneras, hicieron caso omiso.

La Corte ordenó a Medicina Legal realizar una nueva valoración médica integral a la madre, mientras su hija sigue siendo su cuidadora en la cárcel y, de paso, pidió a la Defensoría del Pueblo le solicitó gestionar nuevamente, ante un juez, la modificación de la medida de aseguramiento, con el fin de que la mujer pueda continuar su proceso desde su casa, acompañada por su hija y su nieta.

Mientras se define esta situación, el Inpec deberá elaborar un plan de mejora y adecuación para la celda actual o, en su defecto, trasladarla a un espacio que garantice las condiciones mínimas necesarias para proteger su salud.

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