Reforma laboral: ¿qué podría pasar con los contratos de prestación de servicios?
Desde el Estado se reducirá la implementación de los contratos bajo esta modalidad: el ministerio busca que los empleados sean vinculados con contratos de trabajo a término indefinido.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que tras la radicación de la reforma laboral ante el Congreso de la República, los contratos por prestación de servicios disminuirán a nivel nacional. Pese a que el articulado que discute el legislativo evalúa esta forma de contratación a nivel privado, la jefa de cartera aseguró que desde el Estado se eliminará esta modalidad de vinculación laboral.
De acuerdo con el Departamento Administrativo de Función Pública, actualmente hay más de 900 mil contratos por prestación de servicios en el sector público, de modo que, según las declaraciones de Ramírez, el Estado avanza en la implementación de lineamiento basados en la meritocracia para eliminar este tipo de contratación que es considerado por la jefa de cartera como ‘un contrato basura’.
“Las órdenes de prestación de servicios en el estado las vamos a acabar, ya tenemos unos procesos de meritocracia y desde luego para el año entrante disminuirán ostensiblemente porque no es justo, lo que yo llamo los contratos basura, que una persona trabaje 12 meses y le paguen 8, pero además que le evadan a través de ese tipo de contratación sus derechos sociales”, explicó la ministra de Trabajo.
¿Por qué quieren finalizar los contratos por prestación de servicios?
Bajo los contratos de prestación servicios, tanto en entidades del sector público como del sector privado, los empleados llevan a cabo obras que son permanentes para la compañía y, además, sometidos a una subordinación laboral en la que deben cumplir horarios e instrucciones específicas diseñadas por el empleador. Sin embargo, tanto el reconocimiento salarial como las obligaciones de seguridad social no son las mismas de un contrato de trabajo.
Por esta razón, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, considera este tipo de prácticas como injustas para el trabajador, pues disfrazar una relación laboral subordinada bajo un contrato por prestación de servicios es una práctica ilegal: este tipo de contrataciones es más común en el sector público, de modo que desde el Estado se fijarán los lineamientos para que se vincule mayoritariamente bajo contratos de trabajo a término indefinido.
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