Reforma en la educación: ¿en qué consiste y por qué piden ajustar su financiación?

Desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia, su gobierno se ha planteado la tarea de llevar a cabo una serie de reformas que actualmente están en proceso o ya están aprobadas. En materia de educación, el jefe de Estado plantea reformar la Ley 30 de 1992 que decreta los fundamentos de la educación superior.

De acuerdo a lo planteado por el mandatario colombiano, el objetivo de este proyecto de ley consiste en “profundizar la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”.

¿En qué consiste la reforma en la educación?

Según el Ministerio de Educación, el proyecto espera incorporar más temáticas dentro de la Ley 30 como es el caso de la inclusión de conceptos de fomento a la alta calidad, la diversidad de instituciones del sistema y el reconocimiento de los contextos territoriales.

Ante este planteamiento, diferentes líderes del sector estiman que hay diferentes retos generados por la modificación de esta ley. Según Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en diálogo con Portafolio, señaló que es de gran importancia tener discusiones amplias con los diferentes actores para hacer modificar la el articulado que ya existe.

Abadía también señala que este es un texto que tiene más de 30 años, motivo por el cual hoy en día el sistema exige un marco regulatorio “moderno, flexible y que se adapte a las necesidades del país y responda a los retos del sector”.

¿Por qué piden ajustar la financiación de la reforma en la educación?

Para el sector educativo, la reforma debe seguir garantizando la autonomía universitaria, al igual que promover la equidad en el sistema y la calidad de la oferta educativa. Asimismo, plantea que se debe seguir reconociendo que la educación es un servicio público que puede ser ofrecido por los privados y el Estado.

De igual manera, consideran que uno de los retos más grandes que tiene la reforma es ajustar el modelo de financiación de las instituciones educativas, teniendo en cuenta que se promueve el déficit fiscal, el cual es inequitativo y no plantea mejoras más innovadoras dentro el sector.