Qué son las cuotas alimentarias en Colombia y cuándo prescriben según la ley
Las cuotas alimentarias pueden extenderse hasta los 25 años y su cobro prescribe en plazos de cinco y diez años, según el Código Civil.
En Colombia, la cuota alimentaria es una obligación legal que garantiza el bienestar de los hijos y dependientes económicos. Se trata de un aporte económico que deben cubrir los padres para cubrir gastos de alimentación, salud, educación, recreación y vivienda. Esta medida busca proteger a los menores de edad y a los jóvenes que todavía no cuentan con recursos propios para sostenerse.
El cumplimiento de esta obligación puede formalizarse en un proceso judicial de divorcio o mediante una conciliación ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En ambos casos, el acuerdo adquiere carácter legal, lo que permite exigirlo ante un juez si se presenta incumplimiento.
Aunque el derecho a recibir alimentos es imprescriptible, es decir, nunca desaparece, la ley establece plazos para reclamar cuotas atrasadas. Esto significa que, si bien los hijos siempre tendrán el derecho de reclamar, los procesos judiciales sí tienen límites en el tiempo para hacerse efectivos.
¿Cuándo prescriben las cuotas alimentarias?
De acuerdo con el artículo 2536 del Código Civil, la acción ejecutiva para reclamar cuotas alimentarias prescribe a los cinco años contados desde que el hijo cumple 18 años. Si no se inicia ningún proceso en ese lapso, el caso se convierte en una acción ordinaria, que otorga otros cinco años adicionales para exigir el pago.
Sin embargo, la prescripción puede interrumpirse si el deudor reconoce la deuda o si se abre un proceso judicial, lo que reinicia el conteo desde cero. Además, la jurisprudencia aclara que durante la minoría de edad del beneficiario la prescripción se suspende, con un máximo de diez años, y se reactiva una vez alcanza la mayoría de edad.
Otro aspecto importante es que la obligación no siempre termina a los 18 años. La ley contempla que los padres deben seguir aportando hasta los 25 años, siempre y cuando el hijo esté estudiando en un programa técnico, tecnológico o universitario y no cuente con ingresos propios.
En cuanto al monto, no existe una cifra única, ya que depende de las necesidades del hijo y de la capacidad económica del padre o madre. Sin embargo, en 2025 se estima que la cuota puede ubicarse entre el 30 % y el 50 % del ingreso mensual, lo que equivale a un rango de $427.000 a $711.000 aproximadamente, tomando como base el salario mínimo legal vigente que para este año es de $1.423.500 pesos.
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El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones legales que van desde embargos hasta procesos penales en casos graves. Actualmente, incluso se estudia la posibilidad de que el pago se descuente directamente del salario del deudor por medio de una libranza, con el fin de garantizar mayor efectividad en el cumplimiento.
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