¿Qué paso entre Petro y el fiscal Barbosa y cómo se ha solucionado el conflicto?
A raíz de una declaración realizada por parte del mandatario, el fiscal General de la Nación afirmó que pone en riesgo la democracia del país.
El pasado jueves 4 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre el tweet que realizó el presidente Gustavo Petro, donde el mandatario señalaba que el fiscal Daniel Hernández estaba “beneficiando” a miembros del Clan del Golfo. Por esta razón, Barbosa afirmó a diferentes medios de comunicación que Petro estaba poniendo una lápida a los funcionarios judiciales.
Como respuesta a la declaración realizada por Francisco Barbosa y mientras cumplía su agenda en España, Gustavo Petro afirmó que el fiscal General de la Nación olvidaba una “cosa que la Constitución le ordena, yo soy el jefe de Estado, por tanto su jefe”, expresó Petro.
Ante esto, Francisco Barbosa en entrevista con 6AM HOY POR HOY de Caracol Radio, dijo que el mandatario no era jefe suyo ni de la Fiscalía General de la Nación, además reiteró que con sus declaraciones estaba poniendo en riesgo la democracia en Colombia. “No es mi jefe ni de la Fiscalía, él tiene unas competencias y yo otras. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Con esto, quiero decir que es un paso alarmante y un zarpazo a la Justicia. Lo que acaba de decir Gustavo Petro es que no es un presidente sino un dictador en Colombia”.
Corte Suprema de Justicia le responde a Petro
Luego de que Gustavo Petro mencionara que por ser jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, era el jefe del fiscal General de la Nación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, le dijo al mandatario colombiano que estaba desconociendo la autonomía e independencia judicial por malinterpretar el artículo 115 de la Constitución Política.
“La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar del Estado social de Derecho”, dice el comunicado.
Además, el presidente el alto tribunal señaló que “el fiscal General de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarca en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.
Petro aceptó el llamado de la Corte Suprema
En horas de la mañana del pasado sábado 6 de mayo, Gustavo Petro a través de un comunicado oficial habló sobre la preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal del país, donde según el presidente, debe haber una colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, especialmente entre Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación.
“La Constitución del 91, que reconoce esta cuestión, le concede al presidente la potestad para conformar la terna de la cual es elegido el fiscal General. Además, la Carta Política le ordena al fiscal, de acuerdo con el numeral 6 del artículo 251, suministrar al presidente la información de las investigaciones que le sean requeridas cuando, como es el caso, esta sea relevante en materia de orden público”, se lee en el comunicado.
Además, el mandatario colombiano señaló que en términos generales, “el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y la ley. En situaciones como esta, en donde el fiscal General entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al presidente sino que está violando la Constitución”.
Finalmente, Petro dejó claro que acepta el llamado de la Corte Suprema de Justicia y que además, respeta la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público.