¿Qué es la urgencia manifiesta y en qué casos se declara?
Por ahora, la Cancillería no ha revelado a qué compañía contratará para la fabricación y suministro de libretas de pasaportes y visas en el país.
Tras declarar desierta la licitación pública para la producción de pasaportes en el país, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó una resolución con la que declaró urgencia manifiesta por los próximos doce meses a causa de que, en este momento, el Gobierno Nacional no ha encontrado al contratante que sustituría las funciones adjudicadas a la compañía británica Thomas Greg.
De acuerdo con la Ley 80 de 1993, la declaratoria de urgencia manifiesta existe “cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos”.
En ese sentido, con la aplicación de esta medida, el Estado tendrá la facultad de realizar una contratación directa, sin necesidad de llevar a cabo una convocatoria pública, para elegir a la compañía encargada de producir y suministrar las libretas de pasaporte y visa en Colombia. Este recurso legal, al parecer, fue presentado para evitar un eventual desabastecimiento en la producción de estos documentos en el país.
¿En qué casos se declara la urgencia manifiesta?
En Colombia, los gobiernos pueden declarar la urgencia manifiesta luego de que un evento impida la selección de contratistas a través de un concurso público, lo que también implica que se podrían hacer traslados presupuestales al interior de los organismos estatales, para financiar a las entidades elegidas para ejercer las funciones requeridas por la licitación mientras se realiza el debido proceso de selección.
En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores está facultado para destinar los recursos avalados por el contrato a la compañía de su preferencia durante el próximo año. El acuerdo, que supone una contratación pública cercana a los seiscientos mil millones de pesos, no fue entregado a Thomas Greg porque, tras poseer la licitación durante los últimos 17 años, se reveló que el proceso de selección no era objetivo y, al parecer, beneficiaba a la empresa británica.