¿Qué es la Ley de Sometimiento y cuáles son las claves del proyecto?

El pasado 15 de marzo fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento. Este tiene como objetivo principal que grupos criminales se puedan acoger a la “Paz total” aunque no tengan carácter político. Con estas organizaciones no se buscaría firmar acuerdos de paz sino que se desestructuren a cambio de beneficios judiciales.

Este nuevo proyecto de ley vendría a acompañar la Ley 2272 de 2022 o ley de “Paz Total” que establece los mecanismos para entablar conversaciones con los grupos armados con carácter político, se puede leer en el boletín del senado. De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, este proyecto “tiene como finalidad contribuir a la paz total. Tenemos una oferta generosa a esas estructuras criminales de alto impacto que se entreguen, confiesen sus delitos, entreguen sus bienes, información, sus patrones criminales y además, reparen a las víctimas”.

Ahora dependerá del poder legislativo aprobar o realizar cambios en el proyecto de ley. El presidente del Congreso, Roy Barreras declaró que se tramitará con mensaje de urgencia para disminuir la incertidumbre alrededor del proyecto. Este tiene 7 capítulos que establecen penas restaurativas y sustitutivas para quienes decidan acogerse a él. También, se determinan los mecanismos a través de los cuáles se puede acceder a hacer parte de la “Paz Total”. Si es aprobado, se podría iniciar la desintegración de grupos como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas (AGC) o Clan del Golfo y las disidencias del EPL, también conocidas como Los Pelusos.

¿Cuáles son las claves del proyecto?

Según el portal web del Ministerio de Justicia, la ley establece que quiénes son cubiertos por esta ley deberán pagar una pena de entre 6 y 8 años de cárcel. Luego tendrán un periodo de prueba de 4 años en los que tendrán que realizar trabajos de restauración y reparación de sus víctimas. Quiénes incumplan estas condiciones tendrán que pagar la pena máxima correspondiente a los crímenes cometidos.

Por otro lado, el texto hace referencia a los bienes de esta organizaciones criminales. Deberán entregarlos todos y si cumplen con las condiciones anteriormente mencionadas se podrán quedar con el 6% de los bienes. Esto siempre y cuando los bienes no superen el valor total de 10 mil salarios mínimos.

Si el proyecto es aprobado, los grupos criminales tendrán un plazo de 2 años para someterse a la justicia y desarticularse de manera voluntaria. En este periodo de tiempo deberán entregar información sobre sus patrones criminales, aceptar la responsabilidad en los crímenes y ofrecer reparación a sus víctimas. Por último, de acuerdo con El Espectador, no podrán recibir estos beneficios judiciales los líderes que hayan cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.