Posible fraude en las elecciones legislativas: qué pruebas se han presentado y qué podría pasar

El presidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez, publicó un comunicado a través del cual pidió a los organismos de control nacionales analizar un informe final de Colombia Transparente, entidad que se dedica a revelar hechos de corrupción, para establecer si hubo, o no, fraude en las elecciones legislativas que tuvieron lugar en todo el territorio nacional durante el domingo 13 de marzo del presente año.

El congresista del Partido Conservador sostuvo que este documento evidenció con prueba técnica, la intervención y manipulación indebida del software de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el escrutinio de las elecciones, “alterando los resultados con una matriz del 82 por ciento en favor del Pacto Histórico y del 18 por ciento en favor de los demás partidos intervinientes en las elecciones”.

Asimismo, indicó que el estudio revela el hallazgo de patrones de comportamiento en los algoritmos en la asignación de los votos. “Insisto también ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría, para que se tomen acciones legales inmediatas que suspendan o retiren del cargo al señor Registrador Alexander Vega, por considerar que su presencia en las próximas elecciones del 29 mayo, no es garantía de transparencia”, agregó el senador.

Goméz también solicitó la creación de una Comisión Accidental interparlamentaria de seguimiento al proceso electoral, y seguimiento al proceso contractual de auditoría forense, para garantizar la transparencia en el proceso electoral. “A la luz de la ciudadanía, las elecciones del 13 de marzo estuvieron plagadas de irregularidades y eso reclama la necesidad, no solo de denunciar, sino de proveer lo necesario para que la democracia se manifieste libremente en la elección de sus mandatarios”, añadió.

Entre tanto, la Fiscalía habría abierto varias indagaciones preliminares en contra del registrador Vega por presuntas irregularidades en el proceso electoral. Puntualmente, las investigaciones tendrían que ver con los contratos que se firmaron entre la Registraduría y la firma española Indra para la divulgación del preconteo de votos y el escrutinio nacional. Además, investigarían al funcionario por presunta corrupción en el marco de los comicios.