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COLOMBIA

¿Por qué la CIDH declara responsable al estado por exterminio de la Unión Patriótica?

La Corte Interamericana condenó al Estado por la persecución y asesinato de más de 6.000 líderes del partido político.

Actualizado a
¿Por qué la CIDH declara responsable al estado por exterminio de la Unión Patriótica?
Gabo Becerra Yáñez

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado es responsable del exterminio de líderes políticos y militantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP), quienes fueron víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas o exilios en las década de los ochenta. Con la sentencia, la CIDH concluyó el proceso judicial que duró cerca de 30 años.

El juez de la Corte, Ricardo Pérez Martínez, fue el encargado de enumerar todos los derechos que vulneró el Estado a más de 6.000 personas que tenían algún vínculo con el partido de izquierda. De acuerdo a la sentencia, se violaron los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia, además del derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con las víctimas.

La CIDH declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a parir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes”, sentenció el juez Ricardo Pérez Martínez.

Medidas de reparación que deberá cumplir el Estado

Tras la sentencia que declaraba culpable al Estado colombiano del exterminio de la Unión Patriótica, el juez Pérez confirmó las medidas de reparación que debe cumplir la nación. En este caso, tendrá que construir un monumento que conmemore a las víctimas, además de distintas placas que serán ubicadas en varias ciudades, con el fin de honrar a quienes resultaron afectados por el extermino.

No obstante, el Estado deberá organizar un acto de carácter público donde tendrá reconocer su responsabilidad y retomar e impulsar las investigaciones sistemáticas que ayuden a conocer la verdad por las violaciones de los derechos humanos en esa época, acciones que deben cumplirse en dos años, según la sentencia.