“La pregunta es si el Gobierno tiene cobardía para no presentarse”

Tras la declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social que realizó el Gobierno de Gustavo Petro para enfrentar el déficit fiscal de la nación, el Congreso de la República citó a debate de control político a los ministros que firmaron el decreto con el que el Estado busca recaudar alrededor de 16.3 billones de pesos.

La declaratoria de Emergencia, con la que el ejecutivo busca aprobar los recursos económicos que no fueron aprobados por el legislativo en la más reciente ‘Ley de financiamiento’, le otorgaría al Gobierno Petro facultades extraordinarias para tomar decisiones financieras sin acudir a los trámites tradicionales que supone implementar este tipo de medidas.

Por ejemplo, tras la declaración del Estado de Emergencia, desde el ejecutivo podrían aplicar nuevos impuestos: el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF) podría pasar de 4x1.000 a 5x1.000 y se podrían aplicar nuevos tributos a bebidas alicoradas, cigarrillos, dispositivos electrónicos con nicotina o tabaco e incluso a los juegos de azar.

A través de un comunicado, la Presidencia de Colombia señaló que “el Decreto 1390, que lleva la firma de todos los ministros del gabinete y del jefe de Estado, lo faculta para adoptar mediante decretos legislativos “todas las medidas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”.

Ministros de Petro fueron convocados a debate de control político

En medio de la polémica que generó la emisión de este decreto, el Congreso citó en plenaria a los ministros que firmaron este documento con el fin de rendir cuentas públicas a los ciudadanos. Desde el legislativo, formularon 22 preguntas a los jefes de cartera para aclarar la declaración del Estado de Emergencia.

El llamado al control político, sin embargo, generó una nueva discusión, pues desde el ejecutivo el ministro de Interior, Armando Benedetti, aclaró que esta citación no podría realizarse debido a que no cumplía con los lineamientos de la legislación: De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, antes de citar a rendición de cuentas es necesario que el Gobierno presente el documento al Congreso y, a partir de ese momento, los ministros tienen cinco días para responder los cuestionamientos.

Desde otros sectores políticos que se oponen a esta declaratoria, sin embargo, hicieron un llamado a los jefes de cartera para que se presentaran al debate de control político y rindieran cuentas al legislativo y a la opinión pública. Pese a las altas expectativas, como era de esperarse, los ministros no se presentaron en el Congreso. ​

“Lo sustancial prima sobre lo formal. Y la ley no establece un plazo mínimo para realizar un debate de control político. La pregunta es si el Gobierno tiene cobardía o mezquindad para no presentarse hoy al debate y rendirle cuentas al Congreso y al país (…) El control político no sale a vacaciones y la democracia se defiende en tiempo real”, señaló el senador del Partido de La U, Antonio Correa, en una entrevista concedida a W Radio antes de que se aplazara el debate.

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Debido a que solo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acudió a la citación, este debate fue aplazado y, para dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la legislación colombiana, desde el Congreso podría hacerse un nuevo llamado este miércoles 31 de diciembre.

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