La importante multa que le pondrán a las personas con niños si no cumplen esta norma

Los residentes de conjuntos cerrados que tengan niños a su cargo deben tener mucho cuidado con una norma que, de no cumplirse, podría representarles una sanción económica bastante alta.

A partir de este año, las personas que permitan, inciten o no eviten que los menores participen en actividades que pongan en riesgo su integridad podrían enfrentar una multa de $759.200, según lo establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

El Código, en el que no sólo se vela por el buen trato y los cuidados básicos para menores de 18 años, también busca la protección y la implementación de medidas de seguridad para la prevención de situaciones que pongan en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

¿En qué casos aplica la sanción?

La medida aplica en casos en los que, por ejemplo, se permita que los menores accedan a fiestas no aptas para su edad, además de ser expuestos al consumo de alcohol, cigarrillo o sustancias psicoactivas.

Todo esto es considerado una contravención de tipo 4, la cual puede ser sancionada por la administración del conjunto y, en casos graves, por la Policía. Pero no se trata solo de una decisión arbitraria. Para que una multa de este tipo sea válida, debe estar contemplada dentro del reglamento interno del conjunto residencial, aprobado en asamblea, y su aplicación debe respetar el debido proceso.

Además, la sanción también puede aplicar en cuanto al uso de espacios públicos, como piscinas, sin la debida supervisión o sin cumplir con los estándares mínimos de seguridad que exige la Ley 1209 de 2008.

La sanción económica, que en 2025 equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, busca generar conciencia sobre la responsabilidad que implica convivir en comunidad y velar por los menores. Es decir, no solo es una multa, es un llamado a actuar con responsabilidad.

Esto implica que la administración debe notificar por escrito al residente, ofrecer la oportunidad de presentar descargos y solo después de este procedimiento imponer la sanción económica.

En casos más delicados, como sospechas de abuso o exposición a entornos peligrosos, las autoridades, como la Policía Nacional, pueden intervenir directamente, pues están facultados para ingresar a propiedades sin orden judicial cuando se trata de proteger derechos fundamentales de los menores.

Expertos en propiedad horizontal y convivencia ciudadana recomiendan a las administraciones revisar sus reglamentos y garantizar que los protocolos estén actualizados. También sugieren informar a los residentes de estas disposiciones, ya que el desconocimiento no exime de la multa.

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