La advertencia que nadie quería escuchar: EPS en Colombia podrían fallar
La Supersalud activó una red de control institucional y pidió la intervención urgente de la Fiscalía y la Procuraduría.
Una alerta sacudió al sistema de salud colombiano luego de que la Superintendencia Nacional de Salud activara la Red de Controladores del Sector Salud ante la existencia de embargos que superan los $2,6 billones sobre recursos del sistema, una situación que, de acuerdo con la entidad, pone en riesgo el uso de dineros públicos esenciales para la atención de los usuarios.
Al parecer, se trata de recursos que deberían usarse exclusivamente para pagar la atención médica de los afiliados, pero que están siendo bloqueados por procesos judiciales. El resultado, según la Supersalud, podría traducirse en demoras en citas, retrasos en la entrega de medicamentos y un deterioro aún mayor en la calidad del servicio.
Nueva EPS, la más comprometida
Con corte al 22 de enero de 2026, la mayor afectación se registraba en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) que actualmente tienen medidas de intervención forzosa administrativa. En este grupo, la Nueva EPS registra embargos cercanos a $2,1 billones, seguida por Coosalud EPS con aproximadamente $341 mil millones, y Asmet Salud EPS con $137 mil millones.
En efecto, la Nueva EPS ya venía atravesando una crisis grave: está intervenida por el Gobierno Nacional, no ha presentado estados financieros desde 2023 y en menos de dos años aumentó cuatro veces sus deudas, pasando de $6 billones a $24 billones. Pese a ello, es la aseguradora más grande del país y atiende a más de 11 millones de colombianos.
Compensar y Sanitas, también entrarían en la lista
Ahora bien, la situación no se limita a las EPS intervenidas. También se identificaron 36 embargos adicionales en EPS sin medidas de intervención administrativa que suman más de $32 mil millones, concentrados en Mallamas EPS-I, Capital Salud EPS, Compensar EPS, Sanitas y Salud Total EPS.
Sin embargo, que entidades como Compensar y Sanitas aparezcan en el listado genera preocupación, pues se trata de aseguradoras que históricamente han sido consideradas estables dentro del sistema. En el régimen contributivo, Sanitas opera con una siniestralidad del 113%, mientras que Compensar registra una siniestralidad del 108,2%.
De acuerdo con la Supersalud, estos embargos podrían desencadenar un efecto dominó en el sistema colombiano. Según la entidad, los embargos podrían causar retrasos en pagos a prestadores, lo que afectaría a clínicas y hospitales, además de un aumento en el número de quejas y acciones judiciales, así como mayores riesgos para la operación de las EPS.
Todo esto, en conjunto, terminaría impactando directamente a los pacientes, ya sea en la atención o en el acceso a tecnologías en salud. Frente a esta problemática, la Supersalud aclaró que estos recursos son inembargables y no hacen parte del patrimonio de las EPS, por lo que deben destinarse exclusivamente a garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
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En medio de este panorama, el informe fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que evalúen las posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud y definan las acciones pertinentes dentro de sus competencias.
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