Keralty retoma el control de EPS Sanitas y exige reparación del Gobierno Nacional
El grupo español recuperó la administración tras más de un año de intervención estatal y, mientras tanto, mantiene un arbitraje internacional por 1.200 millones de dólares.
Este lunes 8 de septiembre, el Grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas, anunció la recuperación de la administración de la entidad tras 17 meses de intervención estatal, un proceso que la compañía calificó como “devastador para la empresa, sus empleados y los afiliados”.
La entidad promotora de salud vuelve a manos de la casa matriz española después de que la Corte Constitucional revocara la medida impuesta por la Superintendencia de Salud en abril de 2024, la cual había sido prorrogada un año más en abril de 2025. Keralty advirtió que ahora el reto no solo será recuperar la estabilidad financiera, garantizar la atención de millones de afiliados.
Durante el tiempo de intervención, según la entidad, la EPS enfrentó un deterioro administrativo y humano. La empresa denunció un aumento de tutelas, fallos en la continuidad del servicio y una afectación profunda al equipo médico y administrativo, que vio golpeada su vocación por la incertidumbre y los cambios forzados.
Daños “irreparables” y reclamo de compensación
El grupo empresarial aseguró que los perjuicios fueron “irreparables” y responsabilizó al Gobierno Nacional por los efectos en la calidad del servicio y la sostenibilidad financiera. Por ello, exigió no sólo el cumplimiento inmediato del fallo judicial, sino una reparación integral que incluya indemnización por daños materiales y morales, así como el pago de las deudas acumuladas.
Joseba Grajales, presidente del grupo, aseguró que “este no es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido”, además de catalogar al Gobierno como irresponsable e inhumano por lo hecho en los últimos 17 meses.
“Quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia destructiva deben rendir cuentas. El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad”, se lee en el comunicado publicado por Keralty.
En paralelo, la compañía mantiene un proceso de arbitraje internacional ante el CIADI en Washington, donde reclama 1.200 millones de dólares, pues alega que la intervención equivalió a una expropiación indirecta y se ampara en tratados bilaterales de inversión suscritos entre Colombia y España.
“Keralty no quiere revancha, pero sí justicia”
Dentro de los pedidos manifiestos en la carta publicada este lunes, Keralty pide que se haga un cumplimiento inmediato de los pagos adeudados, además de una garantía de estabilidad para las EPS. No obstante, este no es el punto más llamativo.
La compañía exige un “cese definitivo de campañas de desinformación que aún persisten, diseñadas para sembrar división, miedo y desconfianza en la sociedad colombiana”.
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Actualmente, el sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas: deudas que superan los 32,9 billones de pesos, aumento de más del 23 % en quejas de usuarios y solo seis EPS cumpliendo los requisitos financieros mínimos, según la Contraloría.
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