Estos son los motivos por los que los congresistas Iván Name y Andrés Calle irán a juicio en Corte Suprema

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La investigación, que se abrió en noviembre de 2024, desencadenó en la acusación para ambos en delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, además de su detención.

Según la investigación, los congresistas habrían recibido sobornos millonarios a cambio de respaldar iniciativas legislativas clave para el Gobierno de Gustavo Petro. La Corte sostiene que Name habría recibido alrededor de 3.000 millones de pesos, mientras que Calle habría sido favorecido con cerca de 1.000 millones, sumando un total de 4.000 millones.

El origen del dinero, de acuerdo con los testimonios de exfuncionarios, estaría en los sobrecostos del contrato de 40 carrotanques destinados a La Guajira, un proyecto que buscaba abastecer de agua a comunidades de la región, pero que terminó convertido en el epicentro de un esquema de corrupción.

Un entramado al que todavía le faltan piezas

El reparto de dinero habría sido coordinado por la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, y confirmado por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes declararon que los recursos fueron entregados en efectivo y en maletines. Estos testimonios se suman a interceptaciones, documentos y pruebas técnicas que hoy sostienen la acusación formal.

Desde el 7 de mayo de 2025, Name y Calle permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota bajo medida de aseguramiento. Con la decisión de la Corte, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, donde se desarrollará el juicio en su contra.

Este caso no solo compromete a los dos congresistas, sino que también ha salpicado a otras figuras del Gobierno. Entre ellas aparece el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, sobre quien pesa una orden de captura, además de varios exfuncionarios y asesores que habrían participado en la trama.

En sus declaraciones, tanto Name como Calle han negado tajantemente las acusaciones, asegurando que se trata de testimonios manipulados, además de señalar que no existen pruebas directas en su contra. No obstante, la Corte Suprema considera que el material probatorio es suficiente para llevarlos a juicio.

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