El Gobierno firmó cese del fuego bilateral con disidencias: consecuencias y qué vendría ahora
Este es el segundo cese bilateral firmado por ambas partes: hubo más de 25 encuentros y tras 14 meses de exploraciones, se concretó un acuerdo basado en el diálogo y el respeto por la población.
El pasado 16 de octubre, el Gobierno de Gustavo Petro firmó un decreto en el que se establece el cese al fuego bilateral entre la fuerza pública y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. El acuerdo, que entraría en vigor este martes, estaría vigente hasta el próximo 15 de enero del año siguiente y, tras su implementación, se busca proteger a la población civil que habita en los territorios más afectados por la violencia.
Esta medida, que fue implementada en medio de una nueva mesa de diálogos entre ambas partes, surge en una fase de acercamientos que estuvo tensionada por las operaciones ofensivas llevadas a cabo por las disidencias y por el Estado. Y, aunque el acuerdo fue firmado inicialmente por tres meses, el Gobierno Nacional podría prorrogarlo.
La firma del acuerdo, de hecho, fue celebrada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. “Colombia hoy espera dar un mensaje de Paz desde el interior mismo de su sociedad. No podemos lanzar un mensaje coherente de paz al mundo si nos matamos entre nosotros mismos. Una Colombia en paz será una potencia mundial de la vida”, señaló el primer mandatario.
¿Qué pasará tras la firma del cese al fuego con las disidencias de las Farc?
Tras la implementación de este acuerdo, se suspenden las operaciones militares ofensivas llevadas a cabo por la Policía Nacional contra los integrantes del Estado Mayor Central y viceversa. Sin embargo, los miembros de la Fuerza Pública no dejarán de aplicar labores de inteligencia para detener las economías ilegales que funcionan en el país.
El documento, que fue firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, fue diseñado para garantizar el libre desarrollo de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, así como facilitar las condiciones de la Mesa de Diálogos de la Paz entre las disidencias y el Gobierno, respetar los derechos y libertades de la población civil y favorecer el cumplimiento de los acuerdos territoriales.
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