De Luis Carlos Galán a Miguel Uribe: los magnicidios que aún siguen impunes en Colombia

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 11 de agosto de 2025 tras dos meses de agonía por un atentado en Bogotá, ha reabierto una herida que Colombia nunca cerró: la de los magnicidios impunes y los ciclos repetidos de violencia.

La historia reciente del país demuestra que, pese al paso de las décadas y a los avances judiciales, hay varios crímenes a políticos que siguen sin resolverse por completo y continúan afectando la confianza ciudadana en las instituciones.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el pasado 7 de junio mientras participaba en un evento político en el barrio Modelia de la localidad Fontibón. El senador recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza, que le provocaron una grave lesión cerebral.

Durante semanas permaneció bajo pronóstico reservado en la Fundación Santa Fe, hasta que una hemorragia masiva en el sistema nervioso central le causó la muerte. La Fiscalía pasó el caso de tentativa de homicidio a homicidio agravado, con una pena que podría alcanzar los 50 años de prisión.

Un eco del pasado: Galán y la violencia política

El asesinato de Uribe Turbay guarda paralelos con el de Luis Carlos Galán, líder del Partido Liberal, ultimado el 18 de agosto de 1989 en Soacha. Aunque su muerte fue declarada crimen de lesa humanidad en 2016 (lo que evita su prescripción) y hubo condenas contra figuras como el exministro Alberto Santofimio Botero y el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, múltiples responsables intelectuales y redes de complicidad aún no han sido llevadas a juicio. Treinta y seis años después, el caso sigue abierto.

Pero no es el único caso impune. Durante las décadas de 1980 y 1990, otros dirigentes como Bernardo Jaramillo Ossa (22 de julio de 1990), de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril de 1990), del M-19, también fueron víctimas de magnicidio.

Jaramillo Ossa fue asesinado en el Puente Aéreo de Bogotá por un sicario de 16 años y, según el Centro de Memoria Histórica, “su muerte se convirtió en un símbolo de la violencia política en Colombia y del exterminio sistemático de los militantes de la UP”.

La Fiscalía General de la Nación declaró su asesinato como un crimen de lesa humanidad en el año 2014. Sin embargo, 35 años después, aún no se ha determinado toda la cadena de responsabilidades.

En el caso de Carlos Pizarro, fue Gerardo Gutiérrez Uribe quien lo asesinó con una ráfaga de ametralladora en un avión. “El autor material había comprado 15 tiquetes en vuelos diferentes para rastrear a Pizarro. El día del asesinato se embarcó con una cédula falsa y ocupó el asiento 5C. Apenas el piloto permitió desabrochar cinturones, se levantó, entró al baño y regresó armado disparando contra el líder político”, se lee en el relato del CMH.

Han pasado 35 años desde los magnicidios de Jaramillo Ossa y Pizarro Leóngomez, así como 36 de Luis Carlos Galán y no hay respuestas. Más allá del impacto político, el término “magnicidio” ha vuelto al centro del debate. Aunque no está tipificado en el Código Penal, su uso resalta la relevancia política de la víctima y la gravedad del hecho.

En el plano social, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) lamentó el fallecimiento del senador, quien se convirtió en el líder político número 97 asesinado en Colombia en lo que va del 2025.

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