Contra los licores y el tabaco: gravarían sus impuestos en la nueva reforma tributaria de Petro

El Gobierno de Gustavo Petro avanza en la preparación de una nueva reforma tributaria que pretende recaudar 26,3 billones de pesos adicionales para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, estimado en $556,9 billones. Dentro de las medidas más llamativas se encuentra el aumento de impuestos al consumo de licores, tabaco y vapeadores, enmarcados en los denominados “impuestos saludables”.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la propuesta busca dar progresividad al sistema fiscal, evitando afectar la canasta básica y centrándose en productos considerados no esenciales. Según el funcionario, se trata de “tomar decisiones de política fiscal que garanticen preservar la sostenibilidad macroeconómica del país, garantizar el crecimiento y proteger el gasto social prioritario”.

Los impuestos al licor y al tabaco se sumarían a otras medidas como el fortalecimiento del impuesto al carbono, la revisión del IVA y el incremento de cargas sobre la renta y el patrimonio. La estrategia del Ejecutivo combina objetivos de recaudo con una visión de justicia tributaria y sostenibilidad.

En Colombia, aproximadamente 5 millones de personas son fumadores activos. Además, alrededor de 6.4% de la población fuma diariamente, mientras que un 11.1% fuma ocasionalmente, según un estudio del gobierno. Un tercio de la población, más de 16 millones de colombianos, ha consumido tabaco en algún momento de su vida, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Licores y tabaco, en la mira fiscal

“Consideramos que el país necesita hablar de un gran pacto fiscal para enfrentar la coyuntura que hoy estamos viviendo”, aseguró el ministro Ávila. Sin embargo, a propuesta ha generado resistencia en distintos sectores.

Gremios como Fenalco y la ANDI han cuestionado el impacto de la medida sobre las familias y el comercio. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que “los impuestos para pagar burocracia en época preelectoral no generan progreso; al contrario, contraen la economía, deterioran la confianza y reducen el bienestar de los hogares”.

Otro punto que genera preocupación es la dependencia del presupuesto de 2026 de una reforma que aún no está aprobada. La Contraloría ha advertido sobre el riesgo fiscal de financiar compromisos de gasto con ingresos inciertos, “además, el crecimiento del gasto de funcionamiento sin un plan claro de racionalización preocupa en términos de sostenibilidad fiscal”, indicó.

El debate se da además en medio de un déficit fiscal que ronda el 3,8 % del PIB, uno de los más altos en las últimas dos décadas. Para los críticos, esta presión llevó al Ejecutivo a diseñar una reforma ambiciosa, mientras que para el Gobierno es la única salida viable para mantener inversión social y cubrir obligaciones de deuda.

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