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Colombia desmiente a Daniel Noboa: levantamiento de aranceles no fue un gesto de buena voluntad

Esto es lo que dijo la Cancillería de Colombia sobre la baja de aranceles con Ecuador.

Colombia's Foreign Minister Rosa Villavicencio speaks during a press conference, following a call between President Gustavo Petro and U.S. President Donald Trump, in which they agreed on a bilateral meeting in Washington, D.C., after recent diplomatic tensions, in Bogota, Colombia, January 8, 2026. REUTERS/Sergio Acero
Sergio Acero
Carolina Morales
Colaboradora en As Colombia
Profesional en Periodismo y Opinión Pública egresada de la Universidad del Rosario, apasionada por la redacción y la locución radial.
Actualizado a

El Gobierno de Colombia respondió al anuncio realizado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la eliminación de los aranceles a los productos colombianos a partir del próximo 1 de junio. A través de un comunicado, la Cancillería colombiana sostuvo que esa decisión no corresponde a un acto de voluntad unilateral del mandatario ecuatoriano, sino al cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Comunidad Andina (CAN).

La reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo luego de que Noboa anunciara el levantamiento de la denominada tasa de seguridad aplicada a productos colombianos durante una conversación transmitida por streaming con el candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella. Durante ese espacio, el mandatario ecuatoriano aseguró que desde el 1 de junio la tarifa quedará en cero y presentó la medida como una señal de buena voluntad para mejorar las relaciones bilaterales.

Sin embargo, la Cancillería colombiana señaló que el anuncio debe entenderse en el contexto de las decisiones previamente adoptadas por la CAN, organismo que semanas atrás ordenó a Ecuador y Colombia desmontar las restricciones comerciales impuestas en medio de la controversia económica entre ambos países.

En el comunicado divulgado por el Gobierno de Colombia se afirma que la decisión ecuatoriana es consecuencia de las órdenes emitidas por las autoridades andinas y de las observaciones realizadas por distintos organismos internacionales frente a las medidas que afectaban el comercio bilateral. Según la Cancillería, dichas restricciones generaban impactos sobre la actividad productiva, el bienestar de las comunidades fronterizas y el funcionamiento de los mercados en ambos países.

Colombia desmiente a Daniel Noboa: levantamiento de aranceles no fue un gesto de buena voluntad
REUTERS

Gobierno de Colombia desmiente versión de Daniel Noboa y Abelardo De la Espriella

La Cancillería también sostuvo que las medidas adoptadas unilateralmente por Ecuador eran contrarias a los principios y obligaciones que rigen el ordenamiento jurídico andino. De acuerdo con la cartera, las restricciones afectaban la seguridad jurídica de los operadores económicos y el desarrollo normal del comercio intracomunitario.

El pronunciamiento colombiano tiene lugar después de varios meses de tensión comercial entre las dos naciones, pues el conflicto comenzó cuando Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30% a determinadas importaciones provenientes de Colombia, una decisión que generó respuestas por parte del Gobierno colombiano y abrió un nuevo capítulo de diferencias diplomáticas y económicas entre ambos vecinos.

Posteriormente, la Secretaría General de la CAN concluyó que las medidas adoptadas por los dos países afectaban el comercio regional y ordenó su eliminación dentro de un plazo determinado, pues las resoluciones del organismo andino son de obligatorio cumplimiento para ambos gobiernos.

En sus pronunciamientos, la Cancillería colombiana ha insistido en que el restablecimiento de las condiciones previstas en el marco normativo andino no constituye un favor ni una concesión política, sino una obligación derivada de los compromisos internacionales adquiridos por los Estados miembros de la CAN.

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Además del componente comercial, Colombia expresó preocupación por las declaraciones públicas que han acompañado el anuncio de Noboa. Según el Gobierno colombiano, vincular decisiones económicas y fronterizas con dinámicas políticas o electorales puede generar interpretaciones que afecten la confianza entre los sectores productivos y las comunidades de ambos lados de la frontera.

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