Cese al fuego entre el Gobierno de Colombia y el EMC: ¿cuánto se extenderá y cómo ha sido el acuerdo?
Las mesas de negociación también se ampliarán hasta el próximo sábado 20 de enero en la capital del país. Esto es lo que viene entre el Estado y el grupo guerrillero.
El pasado domingo, el Gobierno de Gustavo Petro firmó un decreto con el que extendería el cese el fuego bilateral y temporal con el Estado Mayor Central (EMC), es decir, las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC-EP. El acuerdo, que se ampliará durante los próximos seis meses, estaría vigente hasta el próximo 15 de julio y supondría también la suspensión de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra del grupo armado al margen de la ley.
De acuerdo con lo establecido en el documento, la firma de esta normativa posibilita “acordar nuevos objetivos del cese al fuego dirigidos al fortalecimiento del proceso de paz, la profundización de las transformaciones territoriales y el reemplazo de las económicas ilícitas, la protección del ambiente, la participación de la sociedad y la protección humanitaria de la población civil”.
Por ahora, el Gobierno Nacional adelanta el tercer ciclo de diálogos entre los delegados de la organización liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, y los miembros encargados por la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Las mesas de negociación, en efecto, se extenderán hasta el próximo sábado 20 de enero en Bogotá.
¿Qué sigue entre el Gobierno Nacional y el EMC?
Tras la prórroga del cese al fuego, se despejan las dudas que habían surgido luego de que Estados Unidos condicionara la ampliación de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia para verificar cómo avanzaba el cese al fuego con esta disidencia dada la necesidad de continuar monitoreando las conversaciones entre el Estado y el grupo armado que, si bien continúan estableciendo acuerdos, aún no se visualiza la solidez necesaria en los diálogos.
Para prolongar los diálogos, las partes deberán dar claridad a los temas que se debatirán en las conversaciones, pues aún se desconoce cómo avanzará el Gobierno Nacional en materia jurídica con los hombres militantes en ese grupo guerrillero que firmaron los Acuerdo de Paz de 2016, así como también se ignora cómo continuará la pugna entre la organización armada y el Estado por el control territorial del Cañón del Micay, en el suroccidente del Cauca, donde se concentra el 70% de la hoja de coca del departamento.
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