Así va el proceso del caso de los pasaportes en Colombia: Ultimatum para que se pronuncie la Procuraduría
Esto es lo que ha pasado en uno de los casos más polémicos en el país sobre la expedición de pasaportes.
En medio del proceso judicial que busca definir el futuro del nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia, un tribunal dio un ultimátum a la Procuraduría General de la Nación para que entregue un pronunciamiento dentro de la demanda que pretende tumbar el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, un acuerdo que ha estado en el centro de la controversia desde su creación.
La decisión se produce en medio de un litigio que ha generado incertidumbre sobre la estabilidad jurídica del nuevo sistema de producción de pasaportes, implementado por el Gobierno para reemplazar el esquema que durante años estuvo en manos de la empresa Thomas Greg & Sons.
La demanda fue presentada por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, que considera que existen presuntas irregularidades en la celebración del convenio internacional suscrito con Portugal. El objetivo de la acción judicial es que se declare la nulidad del acuerdo que sustenta el nuevo modelo de expedición de estos documentos.
Ahora, dentro de ese expediente, el tribunal requirió a la Procuraduría para que responda y aporte los elementos necesarios para avanzar en el análisis del caso. El requerimiento adquiere relevancia porque la definición de esta controversia podría tener consecuencias directas sobre uno de los proyectos más importantes del Gobierno en materia de modernización documental.
¿Qué pasará con el caso de los pasaportes en Colombia?
La discusión jurídica se concentra en el convenio firmado entre la Cancillería colombiana, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Desde el inicio del proceso, el Ministerio Público ha cuestionado aspectos relacionados con la contratación y la forma en que se estructuró el acuerdo internacional.
Incluso, la Procuraduría ha mantenido una vigilancia constante sobre el tema desde 2023. En diferentes pronunciamientos ha advertido riesgos asociados a la continuidad del servicio y a la legalidad de los contratos utilizados para garantizar la expedición de pasaportes en el país.
Mientras tanto, la Cancillería ha defendido la validez del convenio y sostiene que este se ajusta al marco jurídico colombiano. La entidad ha argumentado que el acuerdo fue celebrado bajo las normas que permiten la contratación directa con entidades públicas extranjeras y ha insistido en que la Casa de la Moneda de Portugal es una entidad estatal.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado que el convenio incluye mecanismos para resolver eventuales controversias mediante arbitraje internacional y que el proyecto hace parte de una estrategia para modernizar el sistema de expedición de pasaportes y fortalecer las capacidades estatales en esta materia.
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La controversia judicial se desarrolla en paralelo a la implementación del nuevo modelo de pasaportes. Desde mayo de 2026 comenzó la puesta en marcha del sistema, liderado por la Imprenta Nacional con apoyo de Portugal. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de cuestionamientos relacionados con la producción de las libretas y la capacidad operativa para asumir completamente el servicio.
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