Así funciona la Ley de Garantías 2026 en Colombia: cuándo entrará en vigor y qué prohíbe
Más de siete meses de restricciones marcarán la gestión pública en el país durante el periodo electoral. Conozca cómo funciona y cómo lo puede afectar.
Desde noviembre de 2025, Colombia entró en el periodo de aplicación de la Ley de Garantías de cara a las elecciones de 2026, un régimen especial que limita el uso de recursos públicos para evitar ventajas políticas. Cuando ello ocurre, las restricciones se extienden durante más de siete meses y afectan la contratación estatal, la nómina pública y la participación política de funcionarios.
La norma, establecida en la Ley 996 de 2005, se activa en el calendario electoral, que incluye, para este año, las elecciones legislativas el 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo, con una posible segunda vuelta que se realizaría el 21 de junio.
La aplicación de la Ley de Garantías no inicia de forma simultánea para todas las entidades. El calendario oficial contempla dos hitos principales:
- 8 de noviembre de 2025: inicio de las restricciones para la suscripción de convenios interadministrativos en entidades territoriales.
- 31 de enero de 2026: comienzo de la prohibición general de contratación directa para todas las entidades del Estado.
Estas medidas se mantendrán hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta el 21 de junio si hay segunda vuelta presidencial. En total, el periodo de restricciones puede extenderse hasta 226 días.
¿Qué prohíbe la Ley de Garantías?
Durante el periodo electoral, la norma limita decisiones administrativas y contractuales que puedan influir en la competencia política. Las principales prohibiciones incluyen:
- Celebrar contratos mediante modalidad directa, salvo excepciones legales.
- Firmar nuevos convenios interadministrativos para ejecución de recursos públicos.
- Crear, modificar o suprimir cargos en entidades públicas, excepto casos justificados.
- Participar en actividades proselitistas usando recursos del Estado.
- Utilizar bienes públicos para campañas políticas.
Estas restricciones aplican a entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, tal como a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con participación pública mayoritaria.
Lo que sí pueden hacer las entidades públicas
A pesar de las limitaciones, la administración pública no se detiene por completo. Durante la Ley de Garantías se permiten procesos contractuales mediante licitación pública, concursos de méritos y selección abreviada, así como la prórroga de contratos firmados antes de las fechas de restricción.
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También están autorizados los contratos relacionados con seguridad nacional, crédito público, emergencias, desastres naturales y servicios esenciales, siempre que estén debidamente justificados.
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