Alarma en infraestructura: solo un consorcio aparece para megaobra clave del Gobierno Petro
Este proyecto cuenta con inversión de $8,82 billones con impacto en los departamentos de Cauca y Nariño, beneficiando a más de un millón de personas.
El pasado 29 de enero se llevó a cabo la licitación del corredor vial El Estanquillo–Popayán, una de las principales apuestas del Gobierno nacional en infraestructura en el suroccidente del país, con un detalle preocupante: de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sólo un consorcio presentó oferta para ejecutarlo.
La entidad confirmó que la única propuesta fue presentada por la estructura plural ERG Vías Ciudad Blanca, integrada por ERG Compañía de Infraestructura y Desarrollos SAS (90 %) y MIA Grupo Empresarial SAS (10 %).
Este proyecto (No VJ-VE-APP-IPB-001-2024) contempla inversiones cercanas a los $8,82 billones entre Capex y Opex, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el centro y el suroccidente del país, y fortalecer los corredores hacia Ecuador.
El alcance incluye:
- Más de 252 kilómetros de corredor vial.
- 62,3 kilómetros de doble calzada.
- 14 túneles y más de 125 puentes.
- Variantes, intersecciones y obras geotécnicas.
Según el Gobierno Nacional, la obra beneficiaría a cerca de un millón de personas y podría generar más de 150.000 empleos directos e indirectos. Además, el contrato prevé dos años de preconstrucción, 4,5 años de obras y 18 años de operación y mantenimiento, lo que convierte a esta alianza público-privada (APP) en una concesión de largo plazo.
¿Por qué preocupa que haya un solo oferente?
Aunque Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, manifestó que fue “un día histórico para el país y, en especial, para el departamento del Cauca (...) conseguimos que empresas privadas se interesarán por este proyecto vial prioritario para el desarrollo económico y social en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, que generará más de 150 mil empleos”, la participación de un único proponente en una licitación de esta magnitud no es un detalle menor.
Si bien el proceso sigue siendo legal, reduce la competencia, limita la comparación de propuestas y puede afectar la eficiencia en costos y condiciones contractuales.De hecho, la ANI había ampliado el plazo para presentar ofertas con el objetivo de atraer más interesados y garantizar pluralidad de oferentes.
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La adjudicación está prevista para el jueves 5 de marzo de 2026, fecha en la que se definirá si la propuesta cumple los requisitos técnicos, financieros y jurídicos del proceso.
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