Un empresario se enfrenta con el Estado colombiano por apropiarse una isla paradisiaca en Cartagena: “no es jurídicamente posible”
Mientras el proceso avanza en instancias judiciales, se desconoce qué pasará con el título del terreno.
Una controversia jurídica y administrativa rodea el caso de la isla conocida como “Isla Fiesta”, ubicada en el archipiélago de las Islas del Rosario, en Cartagena, donde el empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde mantiene un litigio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por el control de un terreno considerado baldío de la Nación.
El caso ha cobrado relevancia nacional luego de que el empresario respondiera públicamente a los señalamientos sobre una presunta explotación turística irregular del predio. Lisocki Fryde rechazó dichas acusaciones y aseguró que ha actuado conforme a la ley, en medio de un proceso que hoy enfrenta decisiones judiciales contradictorias.
De acuerdo con la ANT, el origen del conflicto se remonta a comienzos de la década de los 2000, cuando el empresario ocupó el terreno sin autorización. Posteriormente, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) suscribió contratos de arrendamiento con Lisocki Fryde, primero entre 2007 y 2015 y luego entre 2015 y 2023, con un canon mensual cercano a los 220.000 pesos para el uso del predio con fines de recreación y ecoturismo.
Sin embargo, una vez vencido el último contrato, la ANT sostiene que el empresario no devolvió el terreno dentro del plazo establecido y continuó ocupándolo sin autorización ni pago, lo que llevó a la entidad a recuperar el predio el 27 de enero de 2026 con apoyo de la fuerza pública.
La Agencia también ha cuestionado las condiciones históricas de estos contratos, calificando como “irrisorios” los valores de arrendamiento en comparación con el potencial turístico de la zona, donde una sola noche puede superar el millón de pesos.
Por su parte, Lisocki Fryde ha defendido la legalidad de su permanencia en la isla. En un pronunciamiento de su equipo jurídico, el empresario aseguró que es falso que haya desarrollado actividades de explotación turística indebida y sostuvo que ha cumplido con las obligaciones contractuales en los periodos establecidos. Además, denuncia que sus derechos al debido proceso fueron vulnerados en las actuaciones de la ANT.
El conflicto escaló a los tribunales mediante acciones de tutela interpuestas por el empresario. En primera instancia, un juzgado administrativo de Cartagena declaró improcedente su solicitud de restitución del predio. No obstante, en una segunda decisión, el Tribunal Administrativo de Bolívar falló a su favor, ordenando a la ANT devolverle la isla en un plazo de 48 horas al considerar que se vulneraron sus garantías procesales.
Ante esta decisión, la Agencia Nacional de Tierras manifestó su desacuerdo y anunció nuevas acciones legales para defender la administración de los bienes públicos. La entidad insiste en que se trata de un baldío inadjudicable y que su recuperación responde a la obligación estatal de proteger el patrimonio de la Nación.
Empresario en Cartagena enfrenta debate con el Estado
El caso también ha abierto un debate más amplio sobre el manejo de terrenos insulares en zonas de alto valor turístico. De acuerdo con la ANT, durante años existieron contratos con condiciones favorables para particulares, lo que habría permitido el aprovechamiento económico de bienes públicos con contraprestaciones muy por debajo de su valor real.
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En medio de este contexto, la entidad ha señalado que adelanta procesos para revisar y recuperar otros predios en situaciones similares dentro del archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo, en el marco de acciones impulsadas tras las auditorías de la Contraloría General de la República.
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