JUDICIALES

Tribunal Superior de Bogotá ordenó libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

La justicia colombiana dio un giro al proceso contra el exsenador al revocar la medida de detención domiciliaria. En octubre podría haber fallo.

FILE PHOTO: Colombia's former president Alvaro Uribe reacts to the media after his meeting with President-elect Gustavo Petro in Bogota, Colombia June 29, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo
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Paula Fresneda
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El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes 19 de agosto de 2025 la orden de detención domiciliaria que pesaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ordenó su libertad inmediata, mientras avanza el proceso de apelación a su condena.

Con esta decisión, el exmandatario podrá enfrentar el proceso en libertad, tras haber sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La resolución del Tribunal surge a raíz de una tutela interpuesta por la defensa de Uribe, que alegó la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.

En su fallo, la sala penal concluyó que la jueza Sandra Liliana Heredia, quien había dictado la medida el pasado 1º de agosto, sustentó su decisión en argumentos “vagos, indeterminados e imprecisos”.

El pronunciamiento judicial establece que restringir la libertad del expresidente resultaba desproporcionado, dado que la condena aún no está en firme y debe resolverse primero el recurso de apelación. Asimismo, el Tribunal señaló que no existían pruebas suficientes que justificaran un riesgo de fuga o una amenaza contra la sociedad.

Un proceso judicial de más de 13 años

El caso contra Álvaro Uribe se remonta a 2012, cuando el propio expresidente denunció al congresista Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia, en lugar de proceder contra Cepeda, abrió una investigación contra el exmandatario, concluyendo que personas cercanas a él habrían intentado cambiar las versiones de exparamilitares para favorecer su defensa.

Tras más de una década de procesos judiciales, el pasado 1º de agosto Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente. La sentencia en primera instancia fijó una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, con el fallo del Tribunal Superior, esa medida quedó suspendida hasta que se resuelva la apelación.

Uribe, a través de su cuenta en X (antes Twitter), expresó: “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”. En contraste, sectores críticos advirtieron que la medida representa un retroceso en la lucha contra la impunidad.

El impacto político también es significativo. A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, la libertad de Uribe fortalece el ambiente en torno al Centro Democrático, colectividad que busca mantener su influencia en la política nacional con candidatos cercanos al expresidente.

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El futuro del proceso sigue abierto. El Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver la apelación en las próximas semanas, y se espera que hacia octubre haya un fallo definitivo que determine si se ratifica o se modifica la condena.

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