Suspensión del canciller Leyva: ¿Cuánto tiempo será?¿Tendrá sanciones económicas?
Thomas Greg denunció a la cancillería y exige una indemnización de $17.000 millones: Leyva declaró desierto el proceso de licitación pero la compañía británica cumplía con los requisitos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, fue suspendido de su cargo durante tres meses por la Procuraduría General de la Nación a causa del caso que la entidad adelanta en su contra por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes en el país con la compañía británica Thomas Greg & Sons. Tras la inhabilitación, el canciller que se encontraba cumpliendo funciones en Ginebra, Suiza, regresó a Colombia.
Además, el Ministerio Público lo llamó a juicio disciplinario por dos faltas calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo: la primera de ellas por declarar desierta la licitación de fabricación y distribución de pasaportes que había estado a cargo de Thomas Greg durante más de 15 años. El alto funcionario habría tomado esta decisión sin, al parecer, tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos.
En segundo lugar, Leyva fue llamado a juicio por decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual porque, presuntamente, no existían las causales necesarias para adoptar esa determinación, pues en el proceso licitatorio Thomas Greg sí cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para cumplir las funciones.
¿El ministro Leyva deberá enfrentar sanciones económicas?
De acuerdo con la Procuraduría, “sobre la decisión de la suspensión provisional la Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes”.
Aunque la suspensión de Leyva no le supone sanciones económicas, Thomas Greg & Sons demandó a la Cancillería por las irregularidades en este proceso y exige una indemnización de 117.000 millones de pesos por los perjuicios ocasionados. La decisión del Ministerio Público, sin embargo, fue criticada por el Presidente Gustavo Petro:
“No puede ser que lo que se presente ante el mundo sea la vergüenza de que se suspende a funcionarios que cumplen su tarea. Nunca había venido el Consejo de Seguridad a Colombia y ahora sí lo hace. En unos días tendría que instalarlo y no lo podrá hacer porque así creen que se debilita el gobierno popular”, señaló el primer mandatario.