¿Será obligatorio votar? Lo que tendrás que hacer si sale adelante la consulta popular de Petro
Expertos aseguran que para la aplicación del mecanismo de participación ciudadana habría que invertir cerca de un billón de pesos.
La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro impulse una consulta popular para aprobar la reforma laboral y, de paso, el proyecto de Ley que impulsa modificaciones en el sistema de salud, ha generado todo tipo de críticas y pronunciamentos de distintos sectores económicos, políticos y sociales del país.
Muchos de ellos, a través de redes sociales, se han tomado el tiempo de contestarle al primer mandatario las implicaciones que traería su decisión de implementar un mecanismo de participación ciudadana e, incluso, de aprobar por decreto varios de los artículos de la reforma labora. Uno de ellos, el presidente del Senado de la República Efraín Cepeda.
“La Constitución nos entrega unas facultades y ninguna de ellas es la sumisión al poder ejecutivo. El Congreso seguirá tomando decisiones de forma autónoma y según el criterio libre de los congresistas”, señaló Cepeda en un intercambio de respuestas en la red social X con el presidente Petro tras la decisión de archivar el proyecto de Ley. Por un trino, también, anunció que, de ser necesario, irían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, el gabinete ministerial ha mostrado su apoyo, como Armando Benedetti lo expresó a W Radio en una entrevista. De acuerdo con el ministro del Interior, “no creo que las reformas aún estén completamente heridas de muerte. Una consulta popular como la que ha propuesto el señor presidente lo que busca es mejorar las condiciones salariales de los colombianos”.
De llevarse a cabo la consulta ciudadana, ¿es obligatorio votar?
Actualmente, el sufragio en Colombia es un derecho, pero no un deber obligatorio, como sucede en naciones como Argentina, Brasil o Bolivia, donde quienes no ejerzan serán sancionados con multas económicas. Una de las grandes preocupaciones, de llevarse a cabo una consulta ciudadana, sería el abstencionismo y el país tiene cifras que dejan mal parado al sistema electoral.
Según la legislación vigente, una consulta popular requiere la aprobación del Congreso y debe pasar un control de constitucionalidad antes de ser llevada a las urnas. Para que el resultado sea válido, al menos el 33 % del censo electoral debe participar, lo que representa cerca de 13 millones de ciudadanos. Para las elecciones de 2022, el abstencionismo fue del 41,83 % y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2018, fue del 46,07 %, cifras que si bien descienden, demuestran que falta aún educación electoral.
Además, el costo de un mecanismo de participación ciudadana implicaría una inversión enorme en medio de un Gobierno que se ha quejado por la falta de recursos. En 2018, por ejemplo, la Consulta Popular Anticorrupción tuvo un presupuesto de más de 240.000 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 100 millones de dólares en esa época.
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