¿Se acabó el juicio? La Corte Suprema da un vuelco al caso Álvaro Uribe y llegan novedades sorprendentes

El proceso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha experimentado un nuevo giro tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender el juicio en su contra. Esta medida responde a una recusación presentada por la defensa de Uribe, que cuestiona la imparcialidad de la jueza encargada del caso.

La recusación fue radicada el pasado 10 de febrero por los abogados de Uribe y alegaba vulneraciones al derecho a la defensa y graves afectaciones a sus derechos procesales. La Corte Suprema es la última instancia que da por válido el argumento de la defensa del expresidente, pues pasó también por manos de la juez del caso, Sandra Heredia, y por el Tribunal Superior de Bogotá, quienes desestimaron la tutela por considerarla “improcedente”.

“El proceso penal que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez queda suspendido hasta que se resuelva el incidente de recusación”, ordena el fallo de 40 páginas y que fue firmado por el magistrado Jorge Hernán Díaz, de la Sala Penal del alto tribunal, que determinó 48 horas para resolver la recusación y se determine si la jueza Sandra Heredia sigue al frente del caso.

Así fue el origen de las acusaciones contra Álvaro Uribe

El origen de este complejo proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por, supuestamente, orquestar un complot en su contra utilizando falsos testimonios de exparamilitares. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda y, en cambio, abrió una contra Uribe bajo sospecha de manipulación de testigos y fraude procesal.

Uno de los puntos centrales del caso es la actuación de Diego Cadena, abogado de Uribe, quien habría ofrecido beneficios judiciales o dinero a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones y favorecieran al expresidente. Estas acciones buscaban desacreditar las acusaciones que vinculaban a Uribe con grupos paramilitares en los años noventa.

En agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano en enfrentar una medida de este tipo. Poco después, Uribe renunció a su escaño en el Senado, lo que llevó a que el caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación. Durante la administración del fiscal Francisco Barbosa, la Fiscalía solicitó en tres ocasiones la preclusión del proceso, pero estas solicitudes fueron rechazadas por distintos jueces.

El juicio oral contra Uribe inició en febrero de 2025, pero ha estado marcado por múltiples interrupciones y recursos legales. La defensa del expresidente ha cuestionado en repetidas ocasiones la imparcialidad de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, encargada del caso.

¡Tus opiniones importan! Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestra newsletter y a las alertas informativas en la App o el canal de WhatsApp. ¿Buscas licenciar contenido? Haz clic aquí