Sanciones de hasta $2 millones: ley acaba con esta práctica de los taxistas que tanto molesta a los pasajeros en Colombia

La negativa de algunos taxistas a llevar pasajeros a determinados destinos, con la clásica frase “por allá no voy”, tendrá ahora un costo millonario. Una nueva norma de tránsito en Colombia impone sanciones de hasta $2.135.250 para quienes se nieguen a prestar el servicio sin una razón justificada, buscando acabar con una de las conductas que más molestan a los usuarios.

Y es que en el país, para febrero de 2023 y según cifras de la Asociación Nacional De Movilidad Sostenible (ANDEMOS), había cerca de 768 mil taxis registrados, de los cuales el 55 % están operando en Cundinamarca, Bogotá y Antioquia.

La medida está contemplada en el Código Nacional de Tránsito y se apoya en la Ley 2294 de 2023, que establece el uso de Unidades de Valor Básico (UVB) para calcular las multas. En este caso, la negativa injustificada equivale a 156,84 UVB, es decir, 45 salarios mínimos legales diarios de 2025, lo que representa un golpe fuerte al bolsillo de los conductores que incurran en esta práctica.

Una conducta que afecta la confianza en el servicio

El rechazo de carreras no es un problema nuevo. Durante años, los pasajeros han denunciado que, dependiendo de la hora, la distancia o la zona de destino, muchos taxistas optan por no recoger o dejar a los usuarios, generando inconformidad y un deterioro en la imagen del gremio. Incluso en redes sociales, expresiones como “ningún taxi quiere llevarme” se han convertido en tendencia recurrente.

La multa busca contrarrestar esa arbitrariedad. Según la normativa, tanto el conductor como el propietario del vehículo pueden ser sancionados, y los agentes de tránsito tienen la facultad de imponer la infracción en el momento en que se detecte la negativa de servicio.

Además de la negativa injustificada, la norma recuerda que otros comportamientos también son sancionados: alterar el taxímetro, estacionar en sitios indebidos, impedir el paso a vehículos de emergencia, abandonar el carro con pasajeros o invadir el carril exclusivo. En estos casos, las sanciones oscilan entre $321.800 y $1.207.800, dependiendo de la infracción.

Beneficio directo para los usuarios

El endurecimiento de estas sanciones responde a los reclamos constantes de ciudadanos, turistas y pasajeros frecuentes que ven vulnerado su derecho al transporte público. Con esta ley, se busca garantizar que los taxis realmente cumplan su función como servicio esencial, sin imponer condiciones arbitrarias al pasajero.

De acuerdo con expertos en movilidad, la regulación refuerza el principio de que el taxi es un servicio público y, por lo tanto, debe responder a la necesidad del ciudadano. Sólo situaciones justificadas como riesgos de seguridad, problemas mecánicos o emergencias eximen al conductor de cumplir con el recorrido solicitado.

Las autoridades de tránsito insisten en que la medida no solo busca sancionar, sino también mejorar la confianza en el sistema de transporte público tradicional, especialmente en un contexto en el que las plataformas digitales han ganado terreno ofreciendo mayor flexibilidad y seguridad a los pasajeros.

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