Revelan la fecha en la que se inmovilizarán carros desde apps de transporte

El pasado 6 de septiembre la Superintendencia de Transporte emitió un comunicado en el que ordena a las autoridades de tránsito que operan a nivel local inmovilizar los vehículos que sean empleados para la prestación del servicio de transporte público sin autorización previa. Esta medida, que empezó a ser implementada tres días después del anuncio, es decir, el 9 de septiembre, provocaría la imposición de multas a los conductores que trabajan a través de aplicaciones.

Pese a que la normativa colombiana establece que los automotores que ofrezcan servicios de transporte sin contar con los permisos gubernamentales deben ser inmovilizados y, además, se le debe aplicar una sanción, según lo estipula el el numeral 49 de la Ley 336 de 1996, esta regla se contradice con la sentencia SC370-2023 de la Corte Suprema de Justicia en la que se plantea que los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos en materia de plataformas de movilidad.

¿Cuál es la sanción para los conductores de plataformas?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, prestar servicios de transporte bajo esta modalidad incurre en la infracción D12, que indica que “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicios diferentes de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días”.

Además, generaría una multa de un salario mínimo mensual legal vigente, que para este año equivale a $1.300.000. Sin embargo, la aplicación de esta norma sancionatoria afectaría a alrededor de 100 mil familias que se benefician de esta actividad, según cifras de Fedesarrollo: en el primer semestre de este año, en Bogotá se han impuesto más 6.000 comparendos, según la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

En la capital del país, de hecho, se prevé que alrededor de 30 mil familias se sustentan a partir de los ingresos devengados por medio de los servicios de transporte ofrecidos por plataformas digitales como Uber, In Driver, Cabify, Didi o Picap. Por lo tanto, miembros y representantes del gremio de conductores de aplicación le solicitan al Gobierno Nacional medidas de regulación y no de persecución policial.

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