Reforma de servicios públicos: cómo es el borrador del proyecto y cuándo se votará
Tras la presentación del articulado ante el Congreso de la República, el Gobierno Petro buscaría, entre otras cosas, establecer tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios.
La Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas y Energía anunciaron que presentarán un proyecto de reforma para modificar la Ley de Servicios Públicos en el país. Pese a que el Gobierno Nacional adelanta los ajustes de la iniciativa, que contiene 140 artículos, una de las proposiciones más polémicas presentadas en el borrador del proyecto es la facultad asignada al Presidente de La República para regular los servicios de agua, alcantarillado, gas natural y luz eléctrica.
El proyecto, que aún no ha sido presentado ante el legislativo, también buscaría fortalecer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de sanciones y acciones de vigilancia frente a las empresas que prestan los servicios públicos a nivel nacional. Esta reforma, que es una de las insignias del Gobierno de Gustavo Petro, pretende que el eje del servicio público sea el ciudadano y no los empresarios.
De acuerdo con el artículo 1 del borrador del proyecto, “esta reforma busca promover y fomentar la universalización, los derechos de los usuarios y suscriptores y la prestación eficiente de dichos servicios por parte del Estado, las comunidades organizadas y los particulares, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo y bienestar de la sociedad”.
¿Cuáles son las propuestas de la reforma a los servicios públicos?
Además de otorgar la regulación directa de los servicios públicos al primer mandatario o la facultad de designar a un funcionario para ejercer esta labor, el borrador de la reforma propone la creación de un nuevo régimen tarifario en el que se prohibiría que la tarifa sea un elemento clave durante la celebración de contratos con empresas privadas y permitiría los municipios asumir la reducción de tarifas a los servicios con cargo a su presupuesto. Estos son algunas de las proposiciones del articulado:
- Creación de un mínimo vital para acueducto, energía eléctrica y gas natural.
- Instauración de tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios.
- Nuevos requisitos para ser director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).
- Adición de dos nuevos cargos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
- Conformación de comunidades energéticas con las que el Gobierno Petro busca impulsar la transición hacia energías renovables.
- Creación de empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliario (EICE E.S.P).
- Aumento en el valor de las sanciones: las personas jurídicas pasarían a recibir multas hasta 100.000 salarios mínimos, mientras que las personas naturales podrían ser sancionadas con montos de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales.