¿Qué pasará con el Corredor Verde de la Séptima tras su suspensión?

En la mañana de este martes 31 de octubre en medio de una rueda de prensa, la alcaldesa Claudia López, anunció que la Alcaldía Mayor de Bogotá presentará una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como respuesta a la medida adoptada por el juez 35 Administrativo del Circuito, que pretende obstruir el desarrollo del Corredor Verde de la Carrera Séptima.

Según lo expuesto por López, dicha decisión se basa en la firme convicción de que se han vulnerado los principios del debido proceso y en la misma línea afectan los intereses públicos de la ciudad en materia de infraestructura.

“Creemos que el señor Juez de la República desestimó argumentos y desconoció jurisprudencia sobre la materia. Creemos que no solamente a la Alcaldía Mayor y a los bogotanos, sino también a los tres proponentes, empresas privadas de alto nivel de nuestro país, se les desconoció sus derechos al debido proceso al tomar esta decisión”, dijo la mandataria de la capital colombiana.

López señaló que cada rama del poder público tiene una función especial, y no es resorte de la Rama Judicial decidir sobre los diseños de ingeniería que tiene la obra. “Con todo respeto lo decimos: tenemos a un juez de la República que ha usurpado funciones que le corresponden a la Alcaldía, y ha desconocido derechos que tienen los empresarios privados”.

Por su parte, William Mendieta, secretario Jurídico de la Alcaldía Mayor, explicó que la acción de tutela se basa en la garantía del derecho fundamental del debido proceso, con el fin de evitar un perjuicio que está ocasionando una parálisis de la adjudicación. No obstante, el funcionario agregó que la suspensión de la licitación está ocasionando un perjuicio irremediable, que se ha visto reflejado en la pérdida de más de $82.000 millones que se han invertido en la últimas alcaldías en estudios y diseños.

Razones fundamentales para interponer la acción de tutela

De acuerdo con lo expuesto por la administración local, una de las primeras razones para interponer la acción judicial es la Interpretación Irrazonable del Plan Distrital de Desarrollo, por lo que la medida se basa en la mal interpretación del artículo 105, “al deducir erróneamente que está prohibida cualquier solución de movilidad que incluya un sistema de buses”.

Otra de las razones es la Invasión de Competencias de la Administración Pública, dado que ellos creen que la medida invade las competencias legítimas de la administración distrital para determinar los aspectos técnicos de los proyectos de infraestructura en la capital.

La Falta de Audiencia Pública, hace mención a que la Alcaldía no contó con las garantías necesarias para adelantar una audiencia pública para explicar las dimensiones técnicas del proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima.

Respecto a la Desatención de Pruebas Técnicas, la administración local señala que la “decisión judicial no tuvo en cuenta las pruebas que demuestran las radicales diferencias técnicas entre el proyecto de una troncal de Transmilenio pesada propuesto por la administración anterior y el proyecto del Corredor Verde de esta administración. Nuestro proyecto garantiza movilidad sostenible, amplio espacio para peatones, zonas verdes y un carril exclusivo para buses eléctricos no contaminantes”.

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