¿Qué ocurre con los colombianos secuestrados en Venezuela? Estas son las quejas de los familiares a Petro
Al parecer, 38 connacionales han sido privados de la libertad sin una causa justa, por lo que las familias exigen al Gobierno Nacional adelantar mecanismos de cooperación internacional para solicitar su regreso a Colombia.


Tras el presunto fraude electoral que se registró en Venezuela en julio del año pasado, cuando Nicolás Maduro volvió a proclamarse presidente del vecino país a pesar del triunfo electoral de Edmundo González, una serie de detenciones arbitrarias se presentaron en la nación venezolana.
De acuerdo con el reporte extraoficial de organizaciones defensoras de derechos humanos, extranjeros provenientes de diferentes partes de América Latina habrían sido sometidos a prisión sin causa justa. A las víctimas del régimen chavista, además, se les ha negado el derecho al debido proceso y a la legítima defensa.
De hecho, la comunicación con sus familiares también es limitada. Esta problemática, que actualmente afecta al menos a 38 colombianos, no ha sido investigada por las autoridades locales. En medio de esta vulneración a los derechos humanos, sin embargo, las familias de los 35 hombres y tres mujeres que permanecen privados de la libertad en Venezuela continúan exigiendo garantías al Gobierno de Gustavo Petro.
Las familias, en primera instancia, solicitan la liberación de los rehenes, quienes han sido señalados por el ministro de Defensa de Venezuela, Diosdado Cabello, como ‘paramilitares’. Algunos de ellos, de igual forma, han sido acusados injustamente de ‘mercenarios’, pero el testimonio aportado por los seres cercanos desmiente esta versión.

Familiares de colombianos secuestrados exigen su liberación
Una de las hipótesis que mantienen las familias de los colombianos que permanecen en prisiones venezolanas es que los connacionales están siendo utilizados como ‘chivos expiatorios’ por parte del régimen de Nicolás Maduro, con el fin de obtener beneficios políticos de los representantes de otras naciones.
Esta teoría, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Mientras las familias continúan esperando la intervención del Gobierno Nacional, que en cabeza de Gustavo Petro ha rechazado la violación del Derecho Internacional Humanitario en otros conflictos globales, los allegados a las víctimas se concentran en diferentes zonas del país para movilizarse por la liberación de sus familiares.
Hasta el momento, las familias han organizado jornadas de protesta en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el Congreso de la República e incluso han marchado desde el centro de Cúcuta hasta la frontera con Venezuela para alzar sus voces y solicitar la liberación de los connacionales, quienes al parecer, permanecen en condiciones precarias.
Uno de los colombianos víctima de esta serie de detenciones arbitrarias es Arley Espitia, un ciudadano que en Colombia se dedicaba a la agricultura y que, luego de cruzar de manera legal la frontera, fue detenido sin causa justa. Durante las comunicaciones que ha sostenido con su familia, Arley ha señalado que padece problemas de gastritis y alergias en sus manos: al parecer, le dan agua una o dos veces al día y tiene derecho a salir al patio una vez al día con esposas en sus muñecas.
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“Él está secuestrado desde el 13 de septiembre de 2024. Mi hermano viajó con una amiga venezolana y en el puente en Cúcuta la guardia le pidió sus documentos; llevaba todo al día, pero lo ingresaron a un cuarto para hacerle una entrevista y cuando salió no le devolvieron el pasaporte sino que se lo llevaron sin razón hasta Caracas. De ahí no volvimos a saber nada de él hasta octubre cuando el señor Diosdado Cabello mostró un organigrama en el que sale mi hermano acusado de ser un jefe paramilitar y terrorista”, contó Lorena, hermana de Arley, al diario El Colombiano.
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