¿Qué dijo la Procuraduría sobre la reforma pensional y por qué no sería viable?
El órgano de control advirtió que la falta de reglamentación de al menos 45 temas estructurales del sistema podrían vulnerar los derechos de los afiliados.
Por medio de un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación expuso que el órgano de control le envió a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una serie de observaciones sobre el proyecto de la reforma pensional en las que señaló que se deben revisar cuatro asuntos estructurales que en caso de no ajustarse hacen inviable su implementación.
De acuerdo con lo expuesto por la Procuraduría, la Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social señaló inicialmente que la falta de reglamentación de, al menos, 45 temas estructurales del sistema pueden vulnerar los derechos de los afiliados que soliciten reconocimiento de una prestación económica, altas judicializaciones y vacíos jurídicos, técnicos y financieros.
“Las cifras que se conocen de Colpensiones, que han sido objeto de rigurosos análisis por parte de la Entidad, evidencian que no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas”, señala la Procuraduría.
¿Cuál es la advertencia que hizo la Procuraduría sobre la reforma pensional?
El órgano de control realizó una advertencia ante la necesidad que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República tengan en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación, cuyos datos se deberán tener presentes en el análisis de los relacionado con el valor en todos los pilares a mediado y largo plazo.
“El Ministerio del Trabajo y el Congreso deben tener en cuenta que actualmente y de cara al 1 de julio de 2025, fecha planteada para iniciar operaciones, Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma, teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos, la ausencia de presupuestos, los tiempos que hay para la elaboración de contratos y los periodos de prueba necesarios, entre otros aspectos, por lo que sugirió que se considere su implementación de forma gradual a partir de 2026″.
Finalmente, la Procuraduría expresó que la reforma que busca modificar el sistema pensional del país debe garantizar la construcción de un sistema de protección integral a la vejez para que sea sostenible y viable para las futuras generaciones.
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