Procuraduría inhabilitó a alcalde electo de Tocancipá: ¿Quién es y por qué fue inhabilitado?

Tras ganar los comicios de las pasadas elecciones regionales, el alcalde electo del municipio de Tocancipá, Walfrando Adolfo Forero Bejarano, fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación a causa de que no justificó ante las autoridades tributarias un incremento patrimonial de 951 millones de pesos mientras estuvo al frente de la administración de ese municipio de Cundinamarca entre 2016 y 2019.

De acuerdo con la Procuraduría, “los valores presentados por el investigado para justificar sus ingresos en el periodo analizado no coincidían con lo declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Además, esa información no contaba con referencias o antecedentes que permitieran darles credibilidad a los datos consignados”.

A causa de que Forero Bejarano no está ejerciendo funciones públicas, la sanción es aplicada de manera inmediata: el alcalde electo fue inhabilitado por diez años y seis meses por desobedecer las normas que lo obligaban a presentar informes sobre su patrimonio, pues a pesar de que aportó pruebas contables, los peritos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría concluyeron que había inconsistencias que demostraban que los datos consignados no eran confiables.

¿Quién será el nuevo alcalde de Tocancipá?

Una fuente de la Registraduría Nacional del Estado Civil le confirmó al diario El Tiempo que, si el Consejo de Estado no confirma la decisión de la Procuraduría antes del próximo 31 de diciembre, es decir, antes de que se lleve a cabo la posesión de alcaldes a nivel nacional, se tendría que nombrar a un alcalde encargado que asuma la administración del municipio.

En caso de que se valide la inhabilidad de Forero Bejarano antes de la posesión de alcaldías, en Tocancipá se realizarían elecciones atípicas para escoger al próximo administrador de la ciudad. Por ahora, según explicó el abogado y economista de la Universidad de Los Andes, Edgar Balaguera, el alcalde electo podría acudir a un juez constitucional de tutela que salvaguarde sus derechos porque la Procuraduría no es una entidad judicial que pueda limitar sus derechos políticos.

“Esto implica radicar y poner en discusión ante el juez competente, toda la vulneración y el relato de derechos para que él en un trámite que no tarda más de 10 días tome una decisión de fondo y si encuentra lugar a la vulneración, salvaguarde los derechos del candidato electo y proceda a dejar sin efectos y posibilidades de aplicar esa norma, y dé completa viabilidad de que las comisiones escrutadoras le den las credenciales y se pueda posesionar el 1 de enero”, señaló Balaguera para el diario El Tiempo.

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