Presupuesto 2025: posibles modificaciones, números que no cuadran, qué pasará con el Gobierno…

Dado que el debate sobre el Presupuesto General de la Nación del próximo año no tuvo salida en las comisiones económicas del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro deberá emitir por decreto el gasto proyectado para las entidades estatales durante el año siguiente, el cual según el balance inicial del gobierno superaría los $523 billones de pesos. El primer mandatario tendría hasta el 21 de octubre para presentar la cifra según lo establece el Decreto 111 de 1996.

Esta suma, que no contó con el suficiente respaldo de las bancadas en Cámara y Senado, estaría desfinanciada en $12 billones de pesos, los cuales el Gobierno Petro pretende cubrir a través de la ley de financiamiento propuesta por la reforma tributaria que apenas se tramita en el legislativo. Sin embargo, por ahora se desconoce si este proyecto será aprobado en el Congreso, motivo por el que ha sido criticado desde múltiples sectores.

De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “el gobierno ya había incorporado una cifra exactamente igual en gestión de la Dian cuando publicó el marco fiscal en julio, por lo que el presupuesto dependería de esa gestión en más de 29 billones de pesos, cifra inédita en la historia moderna del país. A esto hay que agregar que hay un faltante estimado de 6,6 billones en la meta recortada de recaudo para este año, por lo que el tamaño del problema de financiamiento puede ser incluso mayor”, según señaló para el diario El Tiempo.

¿De cuánto es el déficit del Presupuesto Nacional de 2025?

A los $12 billones calculados por el Gobierno Nacional podrían agregarse otras cifras. De acuerdo con un informe emitido por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, al Presupuesto General de la Nación del próximo año le faltan 31,1 billones de pesos de los que no se tiene certeza: $4,5 billones provenientes de las ganancias que se proyecta obtener por parte de las empresas que también hacen parte del Estado; 14,6 billones que pretenden ser recolectados a través de la Dian y los $12 billones que podrían ser recolectados a través de la ley de financiamiento.

“Las modificaciones sobre la regla fiscal, que son la mayor fuente de financiamiento del proyecto de Ley presentado, no las consideramos convenientes en el contexto actual  porque flexiblizarla para cubrir necesidades de gasto inmediatas mina la credibilidad de los inversionistas en el manejo de las finanzas públicas del país. Incrementar el endeudamiento sin un plan claro para su reducción futura podría generar desequilibrios fiscales, aumentar las tasas de interés y reducir la confianza de los inversores”, explicó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana según reveló El Tiempo.

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