¿Por qué el Ministerio del Trabajo ha lanzado cargos contra Alpina y cuál es el motivo?
Según la cartera del Trabajo, la compañía de lácteos habría atentado en contra del derecho de asociación sindical.
En la tarde del pasado miércoles 28 de febrero, la Unidad del Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo dio a conocer que dicha cartera formuló una serie de cargos contra Alpina. Según la argumentación, la compañía de lácteos habría promovido un pacto colectivo con sus trabajadores no sindicalizados y habría tentado en contra del derecho de asociación sindical.
De acuerdo con el documento, la cartera del Trabajo formuló tres cargos relacionados con la violación a normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, además de normas de orden legal del Código Sustantivo del Trabajo y por atentar contra el derecho de asociación sindical.
“Es acertada la decisión e invito a todos los inspectores e inspectoras del país a iniciar de oficio o a petición de las organizaciones sindicales, las investigaciones pertinentes, siguiendo los lineamientos de la circular 078 de 2022 suscrita por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez”, señaló Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección.
¿Cuál fue la respuesta de Alpina?
Tras conocerse la noticia, Alpina se pronunció a través de un comunicado sobre la apertura de este proceso administrativo y dijo que por el momento no hay una decisión en firme. “Frente al proceso en mención utilizaremos los recursos legarles y la información que tenemos para demostrar que Alpina no ha incurrido en los conductos por las que se dio apertura al proceso sancionatorio”, dice el texto.
Bajo esa misma línea, Alpina agregó que son “respetuosos de los derechos sindicales y de asociación. La compañía estará dispuesta a atender requerimientos adicionales para darle oportuna atención al debido proceso”.
Cabe mencionar que en caso de concretarse dicha petición, la sanción que podría afrontar Alpina por parte del Ministerio del Trabajo llegaría a rondar los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. No obstante, la entidad agregó que le envió una copia a la Fiscalía General de la Nación.