Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa Sánchez: los magistrados que revisarán la condena contra el expresidente Uribe
Los juristas serán los encargados de decidir cómo avanzará el proceso en contra del jexefe de Estado: en sus manos está la situación judicial de Álvaro Uribe.


Los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa Sánchez y Leonor Oviedo Pinto de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá han sido designados para estudiar la apelación de la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le impuso la jueza Sandra Heredia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
Por tanto, para garantizar la dedicación exclusiva a este caso, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá anunció una medida excepcional: suspender temporalmente el reparto de nuevas acciones de tutela para estos juristas, quienes desde el pasado 5 de agosto no atenderán más casos. Esta iniciativa buscaría que los magistrados se concentren únicamente en el proceso del ex mandatario colombiano.
Por ello, el Alto Tribunal ordenó “suspender desde el 5 de agosto de 2025 hasta el 20 de agosto de 2025 (inclusive), sin que sea objeto de compensación, el reparto de acciones de tutela, a la sala de decisión penal n.° 19, despachos 4, 11 y 13 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Pinto”.

¿Por qué se revisará la condena de Uribe?
La decisión de la rama judicial de liberar la agenda de los magistrados subraya la importancia que se le ha dado a este expediente, permitiendo que el equipo se concentre por completo en la revisión de la sentencia de primera instancia. La defensa del expresidente, liderada por el penalista Jaime Granados, presentará el próximo 13 de agosto el recurso de apelación para evadir la decisión de la jueza Heredia.
La urgencia del proceso obedece a la fecha de prescripción. La sentencia en segunda instancia debe ser emitida antes del 8 de octubre. Si la decisión no se toma en este plazo, el proceso podría prescribir, lo que dejaría sin requerimientos jurídicos al exmandatario, quien sería puesto en libertad en caso de que esto suceda.
La presión sobre los magistrados es considerable, no solo por la complejidad jurídica, sino por el escrutinio público y los plazos perentorios que rigen el caso. El magistrado Manuel Antonio Merchán, quien preside la Sala Penal, ha sido designado como ponente. Su papel será crucial, ya que será el encargado de redactar el proyecto de decisión.
La decisión del Tribunal Superior no solo definirá el destino judicial de Álvaro Uribe, sino que también sentará un precedente significativo en el sistema judicial colombiano. La resolución de este caso en segunda instancia, ya sea confirmando, modificando o revocando la condena, será un momento histórico para el país. Si los magistrados emiten un veredicto antes de la fecha límite, el expediente podría volver a ser analizado por la Corte Suprema de Justicia, lo que daría lugar a una posible tercera instancia judicial.
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Los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán tienen en sus manos uno de los casos más mediáticos y políticamente sensibles de la historia reciente de Colombia. La suspensión del reparto de otras tutelas a su Sala Penal y la proximidad del plazo de prescripción convierten a este proceso en uno de los momentos más tensionantes de la coyuntura actual.
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